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Antes del anuncio sobre los archivos de la SIDE, el gobierno Javier Milei cuestionó a través de un nuevo y polémico video el relato que a su entender promovieron los organismos humanitarios sobre ese cruento período y pidió recordar las acciones “terroristas” de los grupos guerrilleros.
La oficina de Presidencia posteó en su cuenta de X, antes Twitter, la versión oficialista que instó a que se recuerde a las víctimas de los grupos armados de izquierda para “completar” la memoria histórica en Argentina. La movida se produjo en línea con la “batalla cultural” que el mandatario viene librando desde que llegó al poder a fines de 2023 en contra de la izquierda y lo que considera una interpretación sesgada por parte de organismos de derechos humanos sobre la dictadura y la violenta década de los ´70.
El video elaborado y narrado durante 20 minutos por Agustín Laje, un politólogo dederecha que asesora al presidente, fue difundido en los primeros minutos de ayer por las redes sociales previo a la marcha encabezada por activistas de derechos humanos en Buenos Aires para recordar el golpe militar de 1976, que derivó en una dictadura de siete años que puso en marcha un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones. El spot oficial se asemeja al publicado en 2024 en la última conmemoración de esa fecha. Participantes en la manifestación rechazaron el mensaje gubernamental.
El video posteado por Milei cuestionó que en el siglo XXI las nuevas generaciones fueron adoctrinadas por los gobiernos de turno desconociendo el violento accionar de las organizaciones guerrilleras izquierdistas y peronistas que comenzaron a actuar en los años previos al golpe de 1976. También criticó que la historia enseñada desde el Estado se ha centrado en los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas a partir de su llegada al poder. Todo ello, señaló, generó un modelo de “impunidad selectiva”.
Además, el Ejecutivo volvió a desechar la cifra 30.000 desaparecidos que vienen sosteniendo los organismos humanitarios en el marco de su reclamo porque se conozca el paradero de las víctimas y se haga justicia por ellas.
Más de 1.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad han sido condenados en múltiples causas judiciales por su accionar represivo.
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El spot señaló que la cifra de los 30.000 -que distintos sectores coinciden en considerar una cifra simbólica, más que exacta, que habla de la violencia del Estado- contradice las de investigaciones oficiales realizadas desde la recuperación democrática que apuntan a más de 7.000 muertos y desaparecidos. Cuestionó además el alto costo económico para el Estado en concepto de indemnizaciones y que los organismos de derechos humanos sirvieron como “usinas de adoctrinamiento y trampolines políticos” para sus dirigentes.
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