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El informe publicado en este diario sobre los casos de extrema violencia que se están presentando en escuelas de la Provincia volvió a dejar en claro la necesidad de que las autoridades educativas ataquen de raíz este problema, que se viene presentando con mayor virulencia. Se conoce que en los últimos años se sucedieron encuentros y toda clase de declaraciones por parte de entidades vinculadas a la educación, padres de familias y funcionarios del área, sin que ello se haya traducido en avances, sino, lamentablemente, en retrocesos.
Chicos con graves heridas de arma blanca por peleas en los patios o víctimas de golpes que les significaron fractura de cráneo y otras serias consecuencias a su integridad física, peleas entre alumnas... Tal como se detalló, esta ola de agresividad llevó a varios chicos a los hospitales.
El tema no es nuevo. En 2008 unos 170 docentes de nuestra ciudad hicieron público un documento en el que aludieron a episodios de violencia registrados en una escuela, en un contexto de numerosos casos similares ocurridos en establecimientos educativos de nuestra zona y reclamaron la instrumentación de medidas para detener ese fenómeno.
Quienes suscribieron ese documento, tal como lo reseñó una nota publicada en aquel tiempo en este diario, reclamaron más diálogo con el alumnado, la búsqueda y hallazgo de fórmulas que impidieran esos problemas, así como la designación, por parte de las autoridades, de un equipo de orientación escolar propio. Pasaron casi 30 años de aquella demanda y las cosas están peor.
A su vez, son muchos los especialistas que ponen bajo la lupa medidas -o mejor dicho, omisiones- del área educativa que en los últimos años, relativizaron el valor de la disciplina escolar.
Como se sabe, se evitan las amonestaciones o, llegado el caso, las expulsiones, en una situación que ha derivado en la inexistencia de límites para los chicos violentos, en una casi total indefensión de las eventuales víctimas y, en definitiva, en una insólita tolerancia a las inconductas, impropias de un sistema educativo que, se supone, existe para formar a los estudiantes.
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Cabe consignar que en muchos de los incidentes registrados se habla de episodios que luego se traducen, a partir de su naturaleza jurídica y de su nivel de gravedad, en causas penales y que por ello merecerían, por parte del área educativa, un tratamiento acorde a este tipo de derivaciones.
Los funcionarios del área también debieran poner en la balanza que existe una generación que crece y que está profundamente necesitada de valores y principios que la alejen, con claridad, sin relativismos, de todo aquello que resulte ser parte de una cultura de la violencia. Una violencia que en modo alguno puede ser justificada alegando que forma parte de un clima social agresivo. La educación siempre debe empezar por algún lado y para eso, no sólo para inculcar conocimientos, existen las escuelas.
La sociedad debería tomar nota de lo que sucede y no pasar por alto, con ligereza y desaprensión, el inexplicable fenómeno de escuelas convertidas en escenarios para la violencia. Y al Estado le corresponde tomar medidas ya, para evitar semejante despropósito.
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