Productores destinan 41% de la soja al alquiler tras la advertencia sobre las retenciones

A días de que el presidente Javier Milei advirtiera al sector agropecuario que liquide su soja antes del 1° de julio —fecha en que las retenciones volverán al 33%—, un informe del productor y exfuncionario Néstor Roulet reveló que los agricultores que alquilan tierras deben destinar el 41% de su cosecha a cubrir esos contratos. El dato surge de un análisis titulado "¿Vendo o no vendo?", elaborado a partir de una reunión con productores realizada recientemente en el país.

Roulet señaló que el 60% de las 33 millones de hectáreas sembradas con los principales granos en Argentina se trabajan bajo arriendo, y que en el caso específico de la soja, el alquiler promedio equivale a 12 quintales por hectárea (1,2 toneladas). Esto representa unos 23,7 millones de toneladas de grano, aunque un 20% de los contratos se paga en especie o con otras modalidades. De este modo, se estima que unas 19 millones de toneladas de soja, de un total proyectado de 46 millones, se destinan al pago de arrendamientos.

Durante el encuentro con productores, Roulet también relevó qué planeaban hacer con el grano una vez descontados los costos de fletes (10%), servicios de cosecha (8%) e insumos obtenidos a través de canje, créditos bancarios o tarjetas agro (35%). “Les queda alrededor de la mitad”, explicó, y agregó: “Consulté si la vendían, la guardaban, compraban pesos como aconsejaban algunos economistas y hacían carry trade”.

La respuesta fue unánime: todos optaron por conservar los granos para cumplir con los compromisos de alquiler. “La dejo en el campo para pagar los alquileres”, fue una de las frases más escuchadas, en referencia a que muchos propietarios exigen el pago completo entre agosto y septiembre. Otra estrategia común mencionada fue: “La guardo en bolsones para el alquiler y para comenzar con la otra campaña”.

Roulet concluyó que ninguno de los consultados consideró viable financiarse con créditos en dólares usando la soja como garantía, ni tomar opciones como warrants, contratos forward o inversiones financieras, pese a que algunos funcionarios del Gobierno sugieren ese tipo de maniobras.