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Desde el sector apelan a que la informalidad se debe a la falta de conocimiento sobre los procesos de regularización
El 7 de cada 10 empleadas de casas particulares trabaja en la informalidad /web
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló un dato alarmante: el 77% de las trabajadoras domésticas del país no están registradas. La relación de “cariño” entre empleadores y empleadas y la falta de información sobre los trámites necesarios para el registro del personal, son los motivos que se esconden detrás de la informalidad en el sector, según el relevamiento.
Representantes de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (Sacra) y del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, participaron de un encuentro que abordó las problemáticas del sector. Allí, Diana Edith García, directora del Tribunal, expuso que una de las causas que impulsa la informalidad de los trabajadores es el “desconocimiento” que hay sobre como formalizar la situación laboral.
”En este tipo de trabajos hay un grado afectivo, familiar. Entonces, el empleador y el trabajador tienen otro tipo de vínculo y, a veces, esa misma afectividad es la que conlleva a la falta de registro”, detalló García y completó: “Cuando nos llega el conflicto, ya nos llega con una relación laboral que no ha sido registrada en su totalidad o en parte. Cuando indagamos un poco en esa cuestión, tiene que ver con que mucha gente desconoce cómo proceder a un registro. Creo que hace falta mayor difusión. Me refiero concretamente a los empleadores, que son quienes desconocen de qué manera proceder”.
Otro aspecto que se repite en el sector es que gran parte de los empleadores que contrata personal doméstico son adultos mayores, señaló la directora del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Personas grandes, muchas veces enfermos que, ante su necesidad, “tratan de paliar lo que les está haciendo falta y no salen a buscar una ayuda para proceder a un registro”, porque no pueden moverse de sus casas o no tengan el manejo o las herramientas para hacer el registro correspondiente, indicó García y añadió: “Muchas de ellas ni siquiera saben cómo manejar una computadora como para decir, puedo registrar mi empleada por más que lo quieran hace”.
Otro de los conflictos que también observan desde el Tribunal es que “parte de esa informalidad proviene de trabajadoras migrantes”, que toman esta actividad como su primer trabajo al llegar al país.
”Toman esto como su primer trabajo, hasta tanto obtengan su residencia y, posteriormente, su documento. En esas condiciones, a veces son ellas mismas quienes piden que no se las registre por diferentes motivos, porque a veces vienen huyendo de situaciones difíciles, vinculadas a lo delictivo, entonces prefieren no estar registradas y, por supuesto, el empleador se lo respeta”, aseguró.
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Pese a lo que se pueda especular de este número tan alto de informalidad, desde el Tribunal consideraron que no hay “mala intención” de los empleadores. Al menos así lo aseguró García quien opinó que “no hay una maldad intencional en el empleador”, afirmación que respaldó con otro resultado del registro: “Los (empleadores) que son de mayor nivel económico en general las tienen registradas”. Esto se debe a que tienen el “incentivo” de que se produzca “un descuento en el impuesto de ganancias”, argumentó. En cambio, en la clase media, que son los que también salen a trabajar y “necesitan que le cuiden al nene”, no llegan a eso, agregó García.
Pero además de analizar los por qué que se esconden detrás de la informalidad, las entidades trabajan para que se regularice la situación de las trabajadoras.
”Una vez que determinamos que la relación no ha sido registrada o lo ha sido en modo deficiente, nos queda dar intervención con nuestra sentencia al ARCA para que ellos tomen la intervención de su competencia. Sabemos que esos aportes, que eventualmente se recauden en el juicio anterior, no van a ir a parar al trabajador. Directamente, va a ser un juicio contra el que fue su empleador, pero para el Estado. Así que tampoco va a obtener beneficio el trabajador por esa sentencia. Tendría que generarse una modificación legislativa desde ese lugar también”, concluyó García.
En ese sentido, vale mencionar que según datos del FORLAC 2.0 (la estrategia de formalización de la OIT en América Latina y el Caribe en el periodo 2024-2030), la tasa promedio de informalidad juvenil en América Latina y el Caribe es del 54,4% (sin diferenciar por sector).
En lo que refiere a la Argentina, entre los jóvenes de 15 a 24 años la informalidad se eleva al 68%. “Esto muestra que el problema en el país requiere atención, incluso en comparación con otras economías de la región que también enfrentan desafíos estructurales”, explicó la especialista.
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