Ayer se cumplieron 35 años del crimen de Andrés Nuñez (32), quien fue arrancado de su casa de Villa Elvira por cuatro policías de civil y trasladado a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Allí lo torturaron hasta su muerte, cargaron el cuerpo, lo incineraron y enterraron en una estancia de la localidad de General Belgrano, donde lo encontraron tiempo después.
Su caso se convirtió en un emblema de la violencia institucional en democracia y en la primera desaparición forzada reconocida públicamente como tal desde el retorno del estado de derecho en 1983.
Por eso el sábado pasado se realizó una nueva jornada de lucha en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, en el centro de nuestra ciudad.
Como se sabe, gracias a la lucha de su compañera de vida, Mirna Gómez, y las organizaciones que la acompañaron siempre, la causa sigue abierta, con tres policías condenados a perpetua, un prófugo y cuatro a la espera de ser juzgados por encubrimiento.
Nuñez, como se dijo, fue secuestrado con la excusa del robo de una bicicleta.
El caso fue símbolo de la continuidad de las prácticas represivas de la Policía.
“El encubrimiento es la palabra clave de este proceso, político, judicial, mediático y policial. Si bien la desaparición forzada de personas en la dictadura fue una herramienta de aniquilamiento hacia un sector social y político organizado, en democracia estás prácticas son una forma de propiciar el disciplinamiento social de sectores populares, que ya padecen políticas de hambre, miseria y sectores que se oponen al régimen dominante. No es violencia institucional: es represión de Estado”, expresó Mirma Gómez en un comunicado.
El reclamo de justicia sigue vigente y tiene correlato en una decisión de la Suprema Corte bonaerense, que en 2013, declaró la imprescriptibilidad del caso al reconocerlo como una grave violación de derechos humanos.
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