Ninguna decisión judicial -sea de la Suprema Corte o de un magistrado de primera instancia- justifica agravios ni ataques de ninguna naturaleza. Y en ese sentido no puede menos que preocupar la denuncia que ha efectuado el máximo tribunal de la Provincia sobre "presiones e imputaciones calumniosas" dirigidas contra algunos de sus integrantes. Son hechos que merecen un categórico y enérgico repudio y que, por supuesto, atentan contra el sano funcionamiento institucional.

Se puede discrepar con fallos o resoluciones judiciales, desde luego, y también criticar decisiones emanadas de los tribunales. Pero -como ha dicho la Suprema Corte- "resulta inaceptable la pretensión de discutir los fallos mediante presiones o imputaciones calumniosas a sus miembros, todo lo cual menoscaba la independencia del Poder Judicial".

La Corte ha denunciado esta situación después de haber dictado una medida cautelar que, como se sabe, deja en suspenso la aplicación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano que aprobó el Concejo Deliberante de La Plata. La decisión ha generado reacciones en distintos sentidos. Todas son válidas. Pero de ninguna manera pueden aceptarse actitudes como las descriptas por el máximo tribunal.

La decisión adoptada por la Corte recae sobre una norma especialmente sensible para la Ciudad. Es la que establece el marco normativo para el desarrollo urbanístico y fija las reglas para construir edificios y otras grandes superficies. Resulta natural, entonces, que el freno judicial despierte preocupación e interrogantes en distintos sectores de la comunidad. Fue una ordenanza definida, además, con la participación de organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, cámaras empresarias, académicos y urbanistas, por lo cual también es lógico que los cuestionamientos planteados en sede judicial provoquen un debate intenso; algo que -por otra parte- resulta saludable.

Pero así como está justificado el debate sobre un tema de especial importancia para la Ciudad, debe enfatizarse -una vez más- la necesidad de que se desarrolle en un marco de respeto a las instituciones, como lo ha entendido la mayoría de quienes han alzado su voz para fijar posición sobre esta cuestión que se discute en la Justicia.