La Provincia es ya el mayor destino de migración interna de toda América Latina

ORIGINARIA DE SUCRE, BOLIVIA, AYDEÉ ORTUCE LLEGÓ A LA PLATA HACE CINCO AÑOS CON LA IDEA DE HACER UNA CARRERA DE POSGRADO, PERO TUVO DE ABANDONARLA POR FALTA DE DNI. RECIÉN PUDO REGULARIZAR SU SITUACIÓN HACE 8 MESES, GRACIAS A QUE TUVO UNA HIJA ARGENTINA

Hace cinco años, cuando decidió dejar Bolivia en busca de una formación de posgrado en el exterior, Aydeé Ortuce (34) consideró que la mejor alternativa era La Plata: allí no sólo tenía una universidad pública con una buena oferta académica sino además una prima que la podía ayudar. Con una familia de clase media en Sucre y un título de abogada, su situación era distinta de la del común de los inmigrantes que arriban año tras año a nuestro país; no así el panorama que encontró al llegar.

Aunque en materia migratoria Argentina cuenta hoy con uno de los marcos normativos más favorables que existen a nivel internacional, los emigrantes de países del Mercosur están lejos de alcanzar todavía el mismo acceso a derechos sociales que la población nacional, como establece desde 2004 la nueva Ley Nacional de Migración. Muchos de ellos siguen grandes teniendo dificultades a la hora de regularizar su documentación y se hallan en general en una situación de mayor vulnerabilidad social.

“El cinturón urbano que rodea a la capital federal constituye una zona clave en el proceso de migración intrabloque. Hay incluso más población inmigrante que en San Pablo o Río de Janeiro”

Pese a ser abogada, Aydeé, por ejemplo, tardó cuatro años hasta lograr obtener su documento de identidad. Sin sus papeles en orden, tuvo que interrumpir la carrera de posgrado que había comenzado a cursar en la UNLP y en todo este tiempo no ha conseguido un solo empleo acorde a su nivel de formación. Pero además, como la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos, asegura haber sido discriminada en más de una oportunidad.

Con todo, nuestra Provincia -más específicamente el conglomerado urbano que rodea la capital federal- constituye hoy el destino de América Latina más elegido en el proceso de migración intrarregional. Tanto es así que junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alberga ya a más de la mitad de los extranjeros que residen en nuestro país.

El dato surge de un estudio encarado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur para evaluar en qué medida se respetan los derechos que nuestro país les reconoce a los migrantes hoy. Y es que “tan valioso como tener un marco jurídico de vanguardia -aseguran- es lograr su efectiva implementación”.

UNA ZONA CLAVE

La idea de analizar la situación de los inmigrantes en la provincia de Buenos Aires parte del hecho de que constituye “una zona clave en el proceso de migración intrabloque del Mercosur. El cinturón urbano que rodea a la capital federal concentra la mayor población migratoria de Sudamérica. Hay incluso más inmigrantes que en San Pablo o Río de Janeiro”, cuenta Víctor Abramovich, el secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.

Los causas del fenómeno -asegura Abramovich- no son fáciles de establecer. “Obedecen sin duda a procesos complejos que no tienen un origen reciente. La concentración de población migratoria en esta zona se ha venido consolidando a lo largo de los últimos cuarenta a cincuenta años”.

Lo cierto es que hoy -como señala el estudio- nuestra provincia alberga al 51,4% de los inmigrantes de los países sudamericanos que residen en el país; y la concentración de algunos grupos de extranjeros es incluso mayor. Tal es el caso de la comunidad paraguaya (71,3%) y la uruguaya (60.6%). Y si bien la concentración de bolivianos en términos porcentuales resulta menor (el 42%), constituye uno de los colectivos más numerosos en cuanto población (147.781 personas).

Tal como señala el trabajo -realizado con el apoyo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Lanús y el Centro de Estudios de Población-, el 44% de los migrantes reside en el Conurbano bonaerense, mientras que el 51% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 5% en el interior de la Provincia.

Si bien los migrantes representan el 4,8% de la población de la Provincia, algunos partidos tienen un porcentaje muy por encima de esa proporción. Es el caso de Florencio Varela (9.2%), La Matanza (8.3%), Lomas de Zamora (7.8%) y Ezeiza (7.6%). Sucede que cada grupo migratorio tiende a establecerse en el mismo territorio. Es así que del total de inmigrantes de origen boliviano, casi la mitad reside en La Matanza (32,4%), Lomas de Zamora (9,7%) y La Plata (4.1%); y el 38% de la comunidad paraguaya se halla en La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno y Quilmes, según indica la investigación.

DERECHOS VULNERADOS

Si bien en términos de derechos sociales para los inmigrantes “se observan avances muy importantes en comparación a períodos anteriores, sobre todo a partir de la nueva ley migratoria y el proceso de regularización, hay algunas cuestiones en las que hace falta trabajar más”, dice Víctor Abramovich resumiendo las conclusiones de la investigación.

Entre esas “cuestiones que hace falta trabajar más” se encuentra el proceso de regularización. Las dificultades para lograr el permiso de residencia y obtener el DNI constituyen una de las principales situaciones de vulneración de derechos observadas por los investigadores. Muchos inmigrantes aseguran que no es nada sencillo para ellos poner en orden su documentación.

“Comencé a tramitar el DNI apenas llegué, pero recién lo obtuve cuatro años después. Porque si bien la Ley Migratoria dice que tenemos iguales derechos que los ciudadanos nativos, a la hora de la verdad esos derechos no se respetan; los trámites casi siempre se dilatan por una u otra razón”, sostiene Aydeé

Si las dificultades para regularizar su residencia constituyen para muchos inmigrantes una preocupación central es porque la falta de documentos trae aparejadas otras formas de vulneración. Mientras que Aydeé tuvo que abandonar su carrera de posgrado y resignarse a trabajos informales por carecer de DNI, otros inmigrantes ven limitada su atención sanitaria, su acceso a la vivienda y a planes sociales que les corresponden por ley.

“La falta de papeles no puede ser una excusa para negar derechos”, sostiene el Defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto, quien asegura que “Argentina está a la vanguardia de un proceso de migración regional” y “debemos colaborar en la construcción de la Patria Grande, trabajando en la cultura de la integración”.

Al analizar los datos obtenidos en las entrevistas con inmigrantes que residen en nuestra provincia, el estudio revela que existe entre ellos una situación de mayor vulnerabilidad y condiciones de vida inferiores en comparación con la población nativa. Según el municipio analizado, el porcentaje con Necesidades Básicas Insatisfechas entre las familias de inmigrantes resulta entre un 30 y un 100 por ciento más elevado.

En cuanto al acceso a la educación, si bien la cobertura a nivel primario es similar entre la población nativa y la población migrante, el porcentaje de asistentes al nivel medio es significativamente inferior, lo que indica un importante déficit en el acceso a la educación secundaria.

Pero si bien registra déficits por parte del Estado, el estudio también pone en evidencia el escaso conocimiento y contacto de los migrantes tanto con organizaciones de la sociedad civil como con organismos públicos. Sólo una minoría de las personas encuestadas conocía la existencia de organismos de defensa de sus derechos, una prueba más de que en este terreno queda bastante camino por recorrer.