Declaró el intendente de Ranchos en el juicio por la presunta red de proxenetas

Varios testigos propuestos por la fiscalía, entre ellos el intendente de Ranchos Edgardo Uribarri, declararon ayer en el juicio oral y público que se le sigue en nuestra ciudad a Miguel Angel Cienfuegos, bajo sospecha de promover la prostitución de menores.

El imputado está detenido y es juzgado como presunto líder de una red de proxenetas que se dedicaría a promover la prostitución de mujeres menores y mayores -en locales nocturnos de La Plata y alrededores- y que en su mayoría ingresarían a nuestro país mediante engaños y en forma ilegal.

El intendente destacó ayer que le habían llegado informes sobre cabarets ubicados en la ruta 29, a la altura de Ranchos, que serían propiedad del acusado y que en su momento ordenó que se realizaran inspecciones y que actuara la Policía, aunque en esos operativos no se pudo constatar que en esos lugares se ejerciera la prostitución.

El debate oral, que se desarrolla en los tribunales penales de 8 y 56, comparecieron ante el Tribunal Oral IV, integrado por los jueces Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni (h) y Gloria Berzosa, continuará hoy con las declaraciones de más testigos del caso.

Las audiencias de testigos seguirán hasta los primeros días de noviembre y luego se producirán los alegatos de la fiscal Maribel Furnus y de los abogados defensores Oscar Salas y Christian Romano.

Cabe señalar, que en la elevación a juicio, el fiscal que investigó el caso, Leandro Heredia, precisó que hay pruebas para sospechar que entre fines de 1998 y hasta el 12 de octubre de 2000, “un grupo de tres o más personas, comandados por un hombre, ingresaron al país mujeres mayores y menores, con consentimiento y en algunos casos engañadas, a fin de ejercer la prostitución”. También se indicó que éstas mujeres eran traídas desde Paraguay, Uruguayana (Brasil) y Uruguay.

El doctor Heredia destacó que en la causa se reunieron evidencias para suponer que “los integrantes de esta organización se habrían entrevistado con varias de las mujeres con el fin de traerlas a Argentina, para que ejerzan la prostitución, y para lograr sus objetivos, habrían pagado dinero a sus padres, para adquirir documentos falsos y abonar coimas en puestos fronterizos, para lograr de esta forma que las menores pudieran ingresar a nuestro país”.

“Estas circunstancias surgen de las declaraciones vertidas en la causa y del resultado de intervenciones telefónicas, y que el presunto jefe de la organización _ Cienfuegos-, sería el propietario de tres cabarets, dos en La Plata y uno en Brandsen, destinados a promover y facilitar el ejercicio de la prostitución”, dijo el fiscal en su dictamen.

El fiscal concluyó que los hechos descriptos configuran los delitos de “asociación ilícita, promoción de prostitución de mayores y menores, y promoción de entrada y salida del país para ejercer la prostitución”.