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Cienfuegos: ahora lo juzgan por homicidio culposo

30 de Octubre de 2004 | 00:00
Miguel Angel Cienfuegos comenzó a ser juzgado ayer como sospechoso del delito de homicidio culposo, en perjuicio de un menor que fue embestido por un auto cuando viajaba en bicicleta por la ruta 29.

En la jornada de ayer, luego culminar con la ronda de testigos por el caso en que está acusado de "promoción de prostitución de mayores y menores, y promoción de entrada y salida del país para ejercer la prostitución", el Tribunal dispuso que se inicie el debate por el accidente de tránsito ocurrido el 29 de diciembre de 1998, en el kilometro 17 de la ruta 29, cuando al parecer Cienfuegos, a bordo de un renault Megane, atropelló al ciclista de 17 años.

El lunes continuará el juicio por este hecho y luego declararán testigos por otro cargo que pesa sobre Cienfuegos: incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Como se recordará, anteayer el juez de Paz de la localidad de Ranchos, Miguel Escapil, complicó la situación procesal del acusado y denunció connivencia entre el poder político, la Policía y el procesado para que éste último pudiera desarrollar las actividades ilícitas en locales nocturnos de la zona.

El testigo, si bien aclaró que no tiene pruebas, dijo que en Ranchos era "el comentario generalizado", que provenía de "personas de alto nivel de conocimiento", sobre un parentezco entre un funcionario del gobierno bonaerense y Cienfuegos.

El doctor Escapil detalló que también se hablaba de una posible vinculación este político con la actividad que desarrollaría Cienfuegos.

En un extenso testimonio, que duró más de dos horas y ante el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata -integrado por los jueces Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni (h) y Gloria Berzosa-, el doctor Escapil relató que sus intentos por terminar con esas actividades fueron infructuosos debido a la inactividad policial y del poder político.

Cabe señalar, que en la elevación a juicio, el fiscal que investigó el caso, Leandro Heredia, precisó que hay pruebas para sospechar que entre fines de 1998 y hasta el 12 de octubre de 2000, "un grupo de tres o más personas, comandados por un hombre, ingresaron al país mujeres mayores y menores, con consentimiento y en algunos casos engañadas, a fin de ejercer la prostitución". También se indicó que éstas mujeres eran traídas desde Paraguay, Uruguayana (Brasil) y Uruguay.

El doctor Heredia destacó que en la causa se reunieron evidencias para suponer que "los integrantes de esta organización se habrían entrevistado con varias de las mujeres con el fin de traerlas a Argentina, para que ejerzan la prostitución, y para lograr sus objetivos, habrían pagado dinero a sus padres, para adquirir documentos falsos y abonar coimas en puestos fronterizos, para lograr de esta forma que las menores pudieran ingresar a nuestro país".

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