Prostitución: piden severa condena para el acusado

La fiscal de Juicio de La Plata Maribel Furnus pidió ayer una pena de 12 años y 5 meses de prisión para Miguel Angel Cienfuegos, al acusarlo como presunto jefe de una red de prostitución de mujeres menores y mayores extranjeras que operaba Brandsen, Ranchos y otros puntos de nuestra región.

En un extenso alegato, la representante del ministerio público además acusó al imputado por "homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar", delitos que también fueron ventilados en este juicio que se inició hace dos semanas en los tribunales penales de 8 y 56.

Por su parte, el abogado defensor Oscar Salas solicitó la absolución del acusado al considerar que no pudo probarse en las audiencias ninguna de las imputaciones realizadas contra Cienfuegos y pidió que se declaren nulos los procedimientos realizados en la causa, que ocasionaron la detención del acusado.

LA ACUSACION

Para la doctora Furnus, mediante las pruebas obtenidas en la causa y las que surgieron durante el debate oral se reunieron pruebas suficientes para acreditar que Cienfuegos es el autor penalmente responsable de los delitos de "asociación ilícita, promoción y facilitación de la prostitución de menores y mayores de edad y facilitación de entrada y salida del país para ejercer la prostitución".

la fiscal dio por probado que entre 1998 y 2000, Cienfuegos junto a otras personas, organizó el ingreso al país de mujeres mayores y menores de edad con el fin de ejercer la prostitución, operando en Brandsen y en otros locales nocturnos de nuestra región.

La organización, según la acusación, se encargaba de conseguir documentación falsa, pasajes y de sobornar en los pasos fronterizos.

La fiscal tuvo en cuenta testimonios que coincidieron sobre que las mujeres que eran obligadas a prostituirse le temían a Cienfuegos, porque las golpeaba y las hacía vivir en condiciones infrahumanas, durmiendo en pequeños depósitos con pisos de tierra, en camas improvisadas sobre cajones de bebidas.

También le dio mucha importancia para probar los hechos lo narrado en las audiencias por la jueza de menores Irma Lima y el juez de Paz de Ranchos Miguel Escapil.

Ambos testigos dieron detalles sobre las dificultades que tuvieron que enfrentar para investigar a esta presunta organización delictiva, debido a la connivencia de esas actividades ilegales con el poder político y la Policía.

LA DEFENSA

El doctor Salas, en un meduloso alegato que duró cerca de dos horas, refutó una por una todas las pruebas tomadas en cuenta por la fiscalía, criticó duramente a la ex jueza Lima y al juez Escapil, y planteó -como se dijo- una serie de nulidades, como por ejemplo "escuchas telefónicas y allanamientos realizados sin la debida orden judicial".

Con respecto al homicidio culposo, ocurrido el 29 de diciembre de 1998, en el que murió un ciclista de 17 años al ser embestido por Cienfuegos que conducía un Renault Megane -según la fiscalía- a más de 130 kilómetros por hora, la defensa pidió la absolución al considerar que la víctima se cruzó de imprevisto y de noche en la ruta 29, en las cercanías de Brandsen.

Sobre el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar promovido por la ex mujer del imputado por el no pago de cuotas alimentarias, el defensor sostuvo que se trata de un caso para la justicia civil y no para el fuero penal.

El doctor Salas- que ejerce la defensa junto al abogado Christian Romano- alegó sobre la imputación que pesa sobre Cienfuegos de liderar una red de proxenetas, que ninguna de las mujeres que supuestamente trabajaban en esos lugares declaró en el juicio, sólo una hizo referencia a que "hacía copas", en uno de los locales investigados, pero aclaró que no tenía conocimiento sobre que en ese sitio se ejerciera la prostitución.

También criticó duramente al juez Escapil, a quien calificó de "irresponsable", porque durante el juicio "afirmó que sobre derecho penal había incursionado de costado y que tenía pocos conocimientos, pero a pesar de ello actuó en esa materia y dispuso -nada más y nada menos- sobre la libertad de las personas".

El Tribunal Oral IV de La Plata, integrado por los jueces Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni (h) y Gloria Berzosa, darán a conocer el miércoles próximo, a las 18, la resolución final del caso.