Urge hallar una solución para los recurrentes paros en la Justicia de la Provincia

Para hoy, según lo anunciado, está previsto un paro de actividades en el Poder Judicial bonaerense en reclamo de mejoras salariales. Y como ayer se conmemoró el día del trabajador judicial, serán dos días consecutivos en esta semana en los que no habrán funcionado los tribunales bonaerenses. Los empleados judiciales volverán a parar para reclamar la reapertura de las negociaciones, mientras que anunciaron que podrían intensificar las medidas de fuerza si el Gobierno provincial no convoca a paritarias. Reclaman una nueva discusión salarial tras el 32,5 % acordado a fines de mayo.

Lo cierto es que, al analizarse en esta columna los conflictos gremiales que, año tras año, se fueron suscitando en el área educativa bonaerense y señalar que siempre ocurría lo mismo -en el sentido de que eran millones los alumnos que pagaban por los desacuerdos entre los docentes y los gobiernos de turno, ya que perdían días de clases- por analogía puede decirse lo mismo con lo que viene sucediendo en el ámbito de la Justicia provincial.

Nada más que, en este caso, son los justiciables, los abogados y demás profesionales relacionados a la vida tribunalicia los que pagan los platos rotos por las posiciones controvertidas que, desde hace largo tiempo, no logran conciliar entre el Gobierno y el gremio judicial.

Lo cierto es que pareciera estarse ante una suerte de crónico y recurrente foco de conflicto, en el que desde hace años se arremolinan casi los mismos puntos controversiales –sean ellos los niveles salariales, la porcentualidad u otras reivindicaciones que plantea el sector- y que también se traducen en una indefinida reiteración de medidas de fuerza, sin que ambas partes hayan logrado avanzar alguna vez hacia instancias superadoras.

Justamente, es la falta de definiciones la que termina por condicionar la actividad de los juzgados y demás dependencias, en una situación que origina demoras en la tramitación de las causas y perjuicios a los derechos de miles de personas, sin dejar de mencionar los trastornos que se causa en el ejercicio de la abogacía.

No es necesario medir el impacto que pueden causar las frecuentes protestas y paros en la Justicia. Además de las demoras y trastornos que se irradian al resto de la actividad administrativa, quedan en suspenso demasiados derechos de personas ajenas a una situación que las partes enfrentadas no terminan de dilucidar.

Debe subrayarse, entonces, la imperiosa necesidad de hallar mecanismos que faciliten un mayor acercamiento y que, fundamentalmente, contemplen la totalidad de los intereses en juego. Así lo han señalado en los últimos años los numerosos reclamos expresados por los colegios de abogados, cuando expresaron que el ejercicio del derecho de huelga no debería impedir el derecho al acceso a la Justicia y tampoco el derecho al trabajo de los abogados.

Está demás señalar que los salarios de los empleados y funcionarios son un factor determinante de la calidad de la prestación del Poder Judicial. No se puede esperar una justicia eficaz y, mucho menos, independiente, sin que el personal se encuentre bien remunerado y jerarquizado. Pero más allá de estas realidades y de los planteos gremiales -cuyo derecho constitucional a presentarlos ante las autoridades responsables resulta incontrastable- debieran también, en todo caso, encontrarse maneras de protesta que no se traduzcan, como viene ocurriendo desde hace muchos años, en la paralización de la actividad de los tribunales.