Prótesis adulteradas: más de 300 argentinas cobrarán indemnización

Luego de que el viernes pasado una corte de apelación francesa dejara firme una sentencia contra una certificadora alemana involucrada en el escándalo de las prótesis PIP, unas veinte mil mujeres que recibieron estos implantes mamarios adulterados cobrarán un anticipo indemnizatorio por daños de 60 mlllones de euros. Entre las beneficiadas por el fallo hay 336 argentinas, media docena de las cuales serían platenses.

El escándalo de las prótesis PIP -como algunos recordarán- estalló en marzo de 2010 cuando se descubrió que su fabricante, la firma francesa Poly Implant Prothèse (PIP), utilizaba desde hacía una década un gel de silicona no homologado para uso médico en lugar del que decía utilizar: se trataba de un material de menor costo con un riesgo de ruptura siete veces mayor.

Como se comprobó más tarde, el fraude era llevado adelante con el aval de TÜV Rheinland, una certificadora alemana que se limitaba a controlar los documentos del fabricante en lugar de la silicona utilizada, la que ahora deberá pagar una indemnización de 60 millones de euros, según falló el tribunal de comercio de Toulón.

Aunque el monto parece en principio menor considerando que debe repartirse entre 20 mil demandantes, “se trata sólo de un anticipo económico que materializa la decisión del tribunal respecto de la responsabilidad de la certificadora alemana en el fraude. Pero esto no cierra el proceso judicial: cada demandante podrá seguir reclamando por el daño físico y psicológico que sufrió en particular”, explicó anoche la abogada Virginia Luna, representante legal del grupo de demandantes argentinas.

HASTA 30 MIL EUROS

“Es una sentencia provisoria. Falta que salga un fallo por un monto mayor”, agregó la abogada, quien calcula que cada demandante terminará cobrando una indemnización de entre 13.000 y 30.000 euros.

Con todo, el grupo de demandantes favorecidas por el reciente fallo representa apenas un porcentaje menor de las damnificadas en nuestro país. Según calculó en su momento la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), entre 13.000 y 15.000 argentinas se colocaron prótesis PIP en el período que va de 2006 a 2010, fecha en que se prohibió su utilización en el país.

Lo cierto es que siete años después de que estallara el escándalo, y pese a los riesgos médicos que implican estas prótesis, muchas de esas mujeres no se las han retirado aún.

“Todavía hay muchas argentinas que no se las sacaron: algunas porque no quieren y otras porque no pueden: no cuentan con el dinero suficiente para afrontar la operación”, aseguró la abogada.

“Si bien logramos una sentencia firme en la Justicia argentina para que las prepagas den cobertura a las pacientes que tuvieron problemas con los implantes PIP, el fallo sólo cubre cirugía reparadoras: todavía no conseguimos que den cobertura preventiva a aquellas que tienen los implantes y se los quieren remover por precaución”, explicó.