Piden captura internacional del hombre del arma tumbera

Sebastián Romero fue el hombre que se robó todas las miradas aquel 18 de diciembre del año pasado, durante la segunda movilización contra la reforma previsional que terminó con serios incidentes en la Plaza de los Dos Congresos, y en la que quedó inmortalizado en una foto disparando un arma tumbera. Por esa acción también la prensa lo llamó con el apodo de “El hombre mortero”.

Lo cierto es que Romero, que fue precandidato a diputado nacional por Santa Fe en 2015 representante al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, se encuentra prófugo desde aquella violenta jornada, por lo que ayer el juez federal Sergio Torres ordenó su captura internacional acusado de ser uno de los protagonistas de los serios incidentes ocurridos en diciembre pasado al disparar con el arma de fabricación casera. La decisión de Torres se basa en su sospecha de que el manifestante pudo haberse escapado del país y una de las hipótesis más fuertes es que estaría en Brasil.

Los abogados defensores del “hombre del mortero” ya habían pedido la eximición de prisión y el juez la rechazó. Pero la defensa apeló la decisión y su negativa fue refrendada por la Cámara Federal porteña.

Romero fue imputado por la Fiscalía a cargo de Alejandra Mangano por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Incluso su domicilio fue allanado por la Justicia poco después de la movilización, aunque no encontraron nada que lo involucre con los incidentes que dejaron a 88 policías heridos. “A estas alturas, y con la cantidad de los días transcurridos, no se descarta la complicidad y ayuda de otros, incluso económica”, sostuvieron días atrás fuentes judiciales.

La orden de Torres llegó en medio del avance de la Justicia sobre otra causa paralela acerca de los incidentes en el Congreso, que involucra a los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce. Cabe recordar que hace exactamente una semana la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Arakaki y Ponce y les impuso prisión preventiva. El juez federal los había procesado por los cargos de “lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas”.

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