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Se puso la lupa en la liberación “llamativa” de una trans de la zona roja, a quien efectivos de la Local hallaron con envoltorios de cocaína
Por una denuncia que presentó la Municipalidad de La Plata, la Auditoría de Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires dio reciente inicio a una investigación por la liberación de una travesti en una comisaría platense, la cual, de acuerdo a las fuentes consultadas en esa repartición, “al menos resulta llamativa”.
El caso, iniciado con una denuncia de la Secretaría de Seguridad de la Comuna, se remonta a diciembre del año pasado, cuando dos agentes de la Policía Local la demoraron en la zona roja, tras haber visto cuando descartaba un paquete que, se comprobó posteriormente, a través de los test de orientación, “contenía 18 envoltorios con un total de 1.6 gramos de cocaína”, indicó la presentación a la que tuvo acceso este diario.
El problema surgió cuando la acusada fue llevada a la comisaría novena, por tener jurisdicción en todo ese ámbito de la Ciudad, donde poco después le terminaron dando la libertad, una vez que constataron su domicilio, se explicó.
Si bien todavía hay una discusión sobre si la cantidad de droga secuestrada es merecedora de una sanción penal, ya que la sola presencia de los envoltorios no prueba su comercialización, que es lo reprochable para la ley, la descripción y característica de los acontecimientos motivó el arranque preventivo del sumario interno.
En ese sentido, Darío Ganduglia, Secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia de la Comuna local, mencionó que el proceder dentro de la citada dependencia “podría resultar irregular, incumpliendo con las obligaciones instituidas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 13.982, y Decreto Reglamentario 1050/09, mediante conductas inapropiadas, desaprensivas y con la falta de diligencia exigida a todo funcionario público policial en ejercicio de sus funciones”.
Al respecto sostuvo que una vez que los policías de la Local llegaron de cuerpo médico legal con la detenida, “se encuentran con otra persona trans que estaba esperando a la sindicada. Ya dentro de la comisaría, personal de la misma solicita a los agentes locales que se retiren dándole ingreso a la persona que se había acercado; luego de unos minutos esta sale rápidamente tomándose un taxi. Los agentes vuelven a ingresar y cuando se comienza a labrar el acta de procedimiento y actuación les informan que la persona aprehendida había sido identificada, por lo que los policías de la Local preguntaron si se había dado comunicación al fiscal de turno y qué instrucciones había dado el mismo, a lo que le respondieron en tono burdo e irónico que “le dejamos un mensaje en el contestador”.
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Según Ganduglia, “minutos después regresa la persona que se había hecho presente y nuevamente personal de la Novena les exige a los agentes de la Local que se retiren de la oficina. Al resultado todo tan extraño y sugestivo, solicitaron al Jefe de Turno explicaciones, el que les comunicó que dicha persona proveyó el Documento de Identidad del sujeto aprehendido a los fines de constatar el domicilio, razón por la cual explicó se encontraban reunidos los requisitos para disponer su inmediata libertad, marchándose rápidamente de la comisaría -el aprehendido y el que se apersonó en la seccional-”.
Demás está decir que las sospechas apuntan a un posible “arreglo” para que no se registre el ingreso de la mujer demorada y así no le quede su antecedente, más allá de que, si verdaderamente existió algún tipo de acuerdo espurio, faltaría determinar en qué consistió el mismo.
Ahora, para deslindar responsabilidades y, de acuerdo a los voceros consultados por EL DIA, en Asuntos Internos tendrían pensado citar a declarar en los próximos días a los dos efectivos de la Local que participaron del procedimiento para que brinden más detalles del episodio y, fundamentalmente, los nombres de quiénes estaban en aquél momento en la seccional y definieron la suerte de la aprehendida.
“Si se comprueba la existencia de una falta grave, los efectivos podrían ser separados de sus funciones en forma preventiva, mientras se sustancia la investigación administrativa”, agregaron los informantes.
Las fuentes, por otra parte, indicaron que si no se prueba el delito de comercialización de estupefacientes, todo recaería en una tenencia simple, que en principio no tendría una pena privativa de la libertad.
Ahora, más allá de la cantidad de droga secuestrada, si se constatan tareas previas, como por ejemplo observar un pasamanos o haber interceptado un comprador, la situación pasaría a tener otra complejidad.
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