El Fiscal de Estado no avaló el pedido para embargarle los bienes a Scioli

La Fiscal de Estado de la Provincia, Hernán Gómez, “no acompañó” el pedido que el fiscal penal de La Plata Alvaro Garganta le efectuó a la jueza Marcela Garmendia, de inhibirle bienes al ex gobernador Daniel Scioli por 189 millones pesos y que se le prohíba salir del país.

El planteo del fiscal Garganta estaba vinculado a la causa por presuntos hechos de corrupción durante la gestión de Scioli en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).

Así lo revelaron fuentes judiciales tras la audiencia que se realizó ayer en la sede de los Tribunales platenses convocada por Garmendia y a la que asistieron los defensores de Scioli, del ex ministro de Salud bonaerense Alejandro Collia y del empresario Ricardo Miller, además del fiscal Garganta y el abogado de la Fiscalía de Estado, Martín Lazarte, en representación del Estado como particular damnificado.

Tras esta audiencia, la jueza tiene cinco días hábiles para decidir sobre el pedido de Garganta.

Según el escrito presentado por la Fiscalía de Estado en la audiencia, en este caso “no se ha planteado que con la contratación de las obras que el agente fiscal entiende irregularmente adjudicadas se hubiera causado un perjuicio patrimonial al fisco provincial”.

“La imputación se vincula con los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico activo y pasivo de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público los que no conllevan necesariamente un daño económico al patrimonio del fisco”, sostuvo el Fiscal de Estado en la presentación.

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Además consideró que la prohibición de salida del país “excede” su competencia y es la jueza de Garantías la que debe resolverlo.

“Al no existir perjuicio económico entendemos que no hay posibilidad de que se trabe un embargo, porque no existió perjuicio, y tampoco la Fiscalía de Estado avaló el pedido del fiscal de instrucción”, afirmó Flavio Gliemmo, abogado defensor de Collia.

El fiscal Garganta busca saber si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.

Además, en la causa se investiga si, al mismo tiempo, la constructora tenía negocios privados con el ex gobernador, ya que le alquilaba un predio para montar un emprendimiento hotelero en Villa La Ñata, Tigre, propiedad de Scioli.

“La magnitud de la presente investigación y la disponibilidad económica de los imputados, recomiendan que a los mismos se les prohíba salir del país sin previa autorización del juzgado a su cargo”, sostuvo Garganta al pedir esa medida a la jueza.

Para el fiscal, la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes “resultan indispensables para garantizar la incolumidad de sus patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio”.