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Leandro Querido
En la actualidad, los procesos electorales de las democracias competitivas son el resultado de un sinfín de experiencias acumuladas en el extenso desarrollo histórico. Aciertos y errores de los protagonistas, contextos de crisis o expansión, cambios culturales y económicos fueron modelando la forma en la que votamos. Hoy podemos medir el nivel de integridad de un proceso electoral. Las reglas de juego se fueron modificando y así como en algún momento imperaba el vale todo, luego, con el correr del tiempo, se avanzó hacia el fair play. En ninguna democracia desarrollada hay lugar para la trampa o el ventajismo.
A esto se le llama institucionalidad democrática. La experiencia marca que esta institucionalidad puede ser fuerte o débil pero lo que no puede pasar es que esté ausente.
En Venezuela no hay institucionalidad democrática. Todo es un abuso y luego de décadas de desmantelamiento institucional ya no hay voluntad por parte del Estado/Gobierno (allí es la misma cosa) de hacer las elecciones como corresponde.
Por eso el 20 de mayo hemos visto imágenes contradictorias. Se pretendía implementar una elección apegada a la regularidad técnica cuando en realidad cuenta los votos el propio Nicolás Maduro.
Los regímenes autoritarios por naturaleza no pueden hacer elecciones libres y limpias. Menos las pueden hacer cuando el contexto de rechazo popular es abrumador. Por lo tanto, simulan. Simulan que designan a las autoridades de las mesas, simulan que distribuyen el material de votación, simulan que abren las mesas el día de votación, simulan que escrutan los votos y simulan al brindar los resultados. Simulan.
Las elecciones del 20 de mayo en Venezuela fueron elecciones sin garantía alguna. Como si la experiencia histórica no haya hecho ningún aporte a la hora de la promoción democrática. Por lo tanto, carece de toda legitimidad. Son las elecciones realizadas por el capricho de un autócrata al que le queda poco tiempo porque ha cometido un grave error.
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