El proyecto de ley que trataba anoche el Senado de la Nación, propone que a partir del 1 de noviembre de 2017, y para los años 2018 y 2019 “se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas bajo criterio de justicia y equidad distributivas a aquellas que, siguiendo una revisión gradual, conforme los parámetros previstos dentro de cada uno de los regímenes que regulan los servicios previstos en la ley 20.076, la ley 24.065, la ley 26.221, que el aumento, respecto de los usuarios y consumidores residenciales, no exceda el coeficiente de variación salarial (CVS)”.
La norma incluye a los consumidores residenciales y a las pequeñas y medianas empresas.
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