Propuesta para frenar el vandalismo, que no cesa en la Ciudad

La decisión de impulsar la aplicación de severas multas pecuniarias a los padres de menores que causen daños en el espacio público, además de obligarlos a realizar tareas comunitarias, tal como está previsto en proyecto presentado en el Concejo Deliberante, enfoca ciertamente un grave problema que se presenta en forma habitual en la Ciudad, reflejado en una verdadera sucesión de actos vandálicos que merecen, desde hace mucho, la presencia de políticas preventivas.

En la iniciativa se determina que, cuando se le impute la comisión de una falta a un menor de edad será de aplicación lo normado con respecto a la responsabilidad objetiva de sus padres, tutores o guardadores en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Sea como sea, y más allá de las interpretaciones jurídicas que puedan presentarse, lo concreto es que las crónicas reiteradas por el diario en los últimos años, destinadas a reflejar los diversos festejos estudiantiles, dejaron a las claras que suele desatarse una suerte de rutina de grescas, destrozos e incidentes, que causan daños a bienes públicos y privados, que resultan ser absolutamente impropias y que es preciso impedir que se reiteren.

Funcionarios a cargo del área comunal de Control Ciudadano consideraron que existe “un gris” en el abordaje de aquellos episodios en los que se registran desmanes y daños al espacio público o privado, cometidos por menores. A raíz de ello, añadieron, se propone una actualización de la norma, inclusive con fórmulas habilitadas ya en el proyecto del nuevo Código Contravencional provincial, que incorpora una figura similar a la de la probation y que permitiría a los jueces ordenar la realización de trabajos comunitarios para reparar los daños causados.

Tal como se informó el proyecto prevé sancionar con multas y trabajos comunitarios a “los padres, tutores o guardadores de menores de edad, por los daños que éstos causaren en el espacio público municipal, con motivo de los festejos de inicio o finalización del año lectivo o en el contexto escolar”. Asimismo, se propicia disponer “la obligación de volver al estado anterior los bienes o espacios afectados, debiendo, además, brindarse en las instituciones de pertenencia de los alumnos jornadas educativas al efecto”.

Para los casos de daños en el espacio público, los padres o tutores de los menores acusados deberán, además de contemplar trabajos comunitarios para reparar el daño cometido, pagar multas que van desde los 8.650 pesos a los 103.800 pesos, según lo estipule el juez de Faltas.

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Es verdad también que, en buena medida, se ha llegado a un punto crítico a partir del hecho de que no se les inculca a los jóvenes una debida valoración de lo que significa el espacio público, creado para la justa convivencia entre todos los habitantes. Con razón se pone de relieve que las personas viven la mayor parte de sus vidas adultas en la vía pública y que, sin embargo, en el ciclo escolar no se les imparten principios y conocimientos acerca de la mejor forma de comportarse en ella.

En la medida en que se despejen posibles dudas que puedan surgir de los alcances jurídicos de la norma proyectada, está clara la necesidad de que en la Ciudad se insista, desde el punto de vista formativo de los jóvenes, en procurar que las comunidades educativas -docentes, padres y alumnos- enseñen y aprendan acerca de la trascendencia de los bienes espirituales y materiales que deben caracterizar a un verdadero aprendizaje.