El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dictó ayer una medida cautelar que ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones económicas del programa “Volver al Trabajo” y abstenerse de darlo de bajo. La decisión responde a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores beneficiarios, quienes cuestionaron la finalización de esta asistencia sin la implementación de un mecanismo sustitutivo adecuado.
Como anticipó este diario, el Gobierno avanzó este mes con la baja de unos 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales en todo el país para reemplazarlos por un nuevo esquema de vouchers de capacitación laboral, condicionados a la asistencia y finalización de cursos. El recorte, que afectaría a unos 38 mil platenses, implicaría no solo un cambio de enfoque en la política social, sino también una contracción inmediata de ingresos en sectores vulnerables con fuerte incidencia en el consumo local. Sobre todo en zonas periféricas de la Ciudad.
Precisamente, el recurso presentado en la Justicia reclamó garantizar la continuidad de los derechos económicos, sociales y culturales de carácter alimentario y de inclusión sociolaboral para los beneficiarios. En este marco, los demandantes advirtieron que el programa “Volver al Trabajo” representaba su “principal o único ingreso”.
Al analizar el caso, el juez de Campana (el mismo que intimó al Gobierno al cumplir con la Ley de Discapacidad y que tiene a su cargo la causa AFA) consideró que la finalización abrupta de una prestación de carácter alimentario, sin un mecanismo sustitutivo equivalente, compromete derechos, además de afectar necesidades básicas de los trabajadores.
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