El recorte a las pensiones para personas con discapacidad aún no terminó

Desde que asumió el actual Gobierno comenzaron a cuestionarse las pensiones otorgadas a las personas con discapacidad y en menos de tres años se llegó a la alarmante situación de quita de 170 mil pensiones. Recordemos los días de angustia que nos hicieron pasar en junio del 2017, todavía era diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, y sin previo aviso no se depositaron las pensiones por discapacidad, con la total insensibilidad que caracteriza a este Gobierno hacia nosotros.
En 2016 se suspendió el pago de 97.824 pensiones de las cuales solo pudo recuperarse el 4% (4.258). Esta arremetida continuó a mediados de junio de 2017 dando de baja otras 117.205 pensiones y solo se reintegraron a la fecha el 33,6% (39.344). Fueron días de movilizaciones y reclamos de todas las ONG unidas y acompañadas por sus familiares. Tuvo su punto culminante en el Obelisco. Lamentablemente, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, no cumplió con su palabra a restituirlas inmediatamente cuando se comprometió en una comunicación personal que tuvimos. Las cifras actuales evidencian un claro recorte y quita definitiva de las pensiones. Y aún no terminó, se aproxima otra quita de 30 mil más.
Al día de hoy hay 133.812 pensiones a personas con discapacidad que están aprobadas desde hace 15 meses (recordemos que dieron de baja y reiniciaron las solicitudes) esperando ser firmadas. Hay casos de expedientes de los años 2015-2016 que todavía están esperando la firma.
¿Si están aprobadas, por qué no las entregan? Sencillamente para no pagarlas, las personas van a averiguar por su trámite y siempre le solicitan algo más o les dicen que por cambio de responsable del área tienen que reverlo. Así entran en un circuito sin fin como en el cuento de la buena pipa y se “bicicletea” su otorgamiento.
Cierran los centros de atención local para que la persona con discapacidad deba trasladarse a realizar el trámite, obstaculizando una vez más la posibilidad de acceder a un derecho; imposibilitando el acceso a la salud y deteriorando la calidad de vida.
Permanentemente cambian organismos, trasladan funciones de una dirección a otra, de secretaría a agencia. Cambian los directores y las condiciones de acceso. El fin es uno solo: demorar el acceso al derecho.
El 25 de enero de este año se eliminó a los menores de edad con discapacidad como beneficiarios y se modificaron los requisitos de solicitud de pensiones. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad sostuvieron: “Momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero, mientras tanto, a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones. El argumento: “No tienen incapacidad laboral”. Pensaban quitar 20 mil pensiones asignadas pero el recorte quedó en stand by ante los desesperados reclamos de los familiares. El lema del Gobierno parece ser: “Si pasa, pasa”.
¿Por qué no tratan en la Cámara de Diputados los proyectos de pensiones para personas con discapacidad? ¿Por qué no se cumple con el cupo laboral? ¿Por qué no se difunden los beneficios que tienen las empresas al contar en su personal con el 1% de personas con discapacidad? ¿Por qué eliminaron como beneficiarios a los menores de edad?
Como nada es casualidad, sabemos que desde hace varios meses los prestadores están reclamando por el cobro de servicios varios como la rehabilitación y el transporte.
Quiero además destacar la difícil situación que atraviesan las personas con HIV o cáncer, quienes quedan sujetos a la atención médica en hospitales públicos al no contar con la posibilidad de que les sea otorgada una pensión; aun cuando estas enfermedades implican padecimientos crónicos y tratamientos y seguimiento continuos. La única posibilidad de ser sujetos de este derecho es que los pacientes tengan comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte. En Chaco, por ejemplo, el Mal de Chagas hace estragos y quedan afuera. Permanentemente se cambian hasta los criterios médicos y no se da información oficial.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad posee rango constitucional. Dicha convención en su artículo 4 establece: “Los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Comprometiéndose a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención; b) modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella”. Se destaca también: “El hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad”.
Terminemos con la discriminación hacia las personas con discapacidad. Nada sobre nosotros sin nosotros.