Miles de chilenos continuaban hoy con sus protestas en las calles de Santiago y otras ciudades del país, en medio de un estallido social que dejó este fin de semana 11 muertos, cientos de heridos y detenidos, más de un centenar de saqueos contra supermercados y la paralización de múltiples servicios.

La magnitud de las protestas y la persistencia de los actos de violencia llevaron a las autoridades militares a imponer para esta noche, por tercera vez consecutiva, el toque de queda en Santiago y sus zonas de influencia, además de en Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío y Los Ríos.

Desde Ginebra, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, llamó al gobierno y a los manifestantes a buscar una vía de diálogo para calmar la situación, a la vez que pidió una "investigación independiente" para determinar responsabilidades en los hechos de violencia que dejaron muertos y heridos.

Bachelet también exigió que se deje a un lado la "retórica inflamatoria", en aparente alusión a la declaración del presidente Sebastián Piñera, quien anoche consideró que las autoridades están "en guerra con enemigo poderoso e implacable".

Hoy la jornada en la mayoría de las grandes ciudades chilenas comenzó en calma y después del mediodía comenzaron a juntarse manifestantes en Santiago y otras urbes para protestar con la desigualdad social y exigir mejoras en los servicios de salud, la educación y el sistema previsional.

Frente a supermercados y tiendas se observaban largas filas de personas ansiosas por hacer sus compras, frente al temor de que resurgieran los saqueos.

En Santiago y Valparaíso volvieron a reportarse incidentes en los que las fuerzas de seguridad -acusadas de actuar con brutalidad en la represión del estallido social- dispararon granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, en medio de una verdadera militarización de los espacios públicos.

El balance de estos días de furia dejó estupefacta a gran parte de la ciudadanía.

Según un informe del Ministerio del Interior difundido hoy, 11 personas murieron en medio de los disturbios, la gran mayoría de ellos en incendios declarados durante los 110 saqueos reportados contra supermercados y tiendas en distintos puntos del país.

Una de las víctimas mortales cayó por una bala disparada por agentes de fuerzas de seguridad en Coquimbo, de acuerdo con un reporte que no fue confirmado oficialmente.

Al menos 960 personas fueron detenidas, 244 por el toque de queda, en las últimas 24 horas de protestas, en las que se registraron seis colectivos incendiados y ocho estaciones del subterráneo destruidas.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, consideró que los incidentes de los dos últimos días refuerzan su teoría de que la oleada de violencia que azota a Chile tiene un alto grado de organización entre grupos de delincuentes.

"Ayer decía que no podíamos tener la ingenuidad de pensar que no había una acción que pudiese estar vinculada, organizada en algunos de estos sectores de delincuentes, y resulta bastante evidente con lo que ha pasado los últimos días", dijo el ministro, citado por la agencia EFE.

La militarización del país ordenada por Piñera aumentó en las últimas horas en un intento de tratar de controlar los desmanes violentos provocados en los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

En el plano político, Piñera recibió un sinfín de críticas por haber mencionado que el país estaba "en guerra".

Incluso, después de esa declaración, el jefe de la Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, afirmó que él, particularmente, no está en guerra "con nadie", lo que disparó un sinnúmero de comentarios por la aparente contradicción con el presidente.

"No corresponde especular sobre una frase que yo dije hoy en la mañana; en mis palabras nunca hubo una doble intención a lo que señaló el presidente de la república", aclaró poco más tarde el militar.

Las protestas comenzaron la semana pasada contra un aumento en el precio de los boletos del subterráneo y se extendieron durante el fin de semana con mayor violencia, en medio de demandas por mejoras en los sistemas de salud y educación, protestas contra la distribución desigual de ingresos y exigencias para un mejor funcionamiento de los servicios previsionales y sociales.

Piñera, ante la virulencia de la reacción, anunció la semana pasada su decisión de dejar sin efecto el aumento del subterráneo.

El congelamiento fue avalado hoy por una amplia mayoría en el Senado, tal como ayer lo fue por la Cámara de Diputados.