Nuevo impuesto: comprar dólares para ahorrar saldrá un 30 % más caro

El Gobierno incluyó una novedad de último momento al proyecto de ley ómnibus que finalmente envió al Congreso. El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que el impuesto del 30 por ciento a las compras en dólares con tarjeta de crédito en el exterior, regirá también para el atesoramiento de la moneda norteamericana dentro del país. Es decir que el nuevo impuesto regirá también para compra de moneda norteamericana para ahorrar. La medida, se dijo, regirá durante los próximos cinco años.

La sorpresiva ampliación del gravamen previsto originalmente por la administración nacional fue considerada ayer como una devaluación encubierta del orden del 23 por ciento por los operadores del mercado.

En el proyecto que hoy se discutirá en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, la medida se denomina “Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”.

En una conferencia de prensa que ofreció en el microcine del Palacio de Hacienda, Guzmán confirmó además la suspensión por 180 días de los aumentos de las tarifas de servicios públicos –luz y gas- y ratificó los dos pagos extra de 5.000 pesos para jubilados con los haberes de diciembre y enero. También en el plazo de seis meses se cambiará la fórmula previsional.

Esas medidas, que fueron anticipadas por EL DIA, están contenidas en el proyecto de “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, que ayer ingresó a la Cámara baja.

Hoy la iniciativa será debatida en un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda. Y mañana jueves llegará al recinto. Desde la oposición advirtieron anoche que buscarán frenar su tratamiento. No quieren delegar facultades al Ejecutivo.

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El viernes, en tanto, la “súper ley” llegará al Senado, que le dará un tratamiento veloz desde la sólida mayoría que tiene el Frente de Todos en la Cámara alta.

“Buscamos proteger a los sectores vulnerables de la sociedad, al tiempo que procuramos restablecer las consistencias macroeconómicas”, sostuvo Guzmán, seguido de cerca por todo su equipo ministerial.

El funcionario explicó que el megaproyecto contiene cuatro bloques. El primero está relacionado al sistema previsional. “Hubo un fenomenal descalabro en los últimos años. El sistema no funciona y hay que cambiarlo. El modelo fracasó”, advirtió Guzmán sobre la modificación de la fórmula de cálculo de los haberes del sector pasivo que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Nos vamos a tomar 180 días para reemplazar la fórmula actual por otra nueva”, anunció Guzmán.

Mientras tanto, los eventuales aumentos a los jubilados quedarán a discreción del presidente Alberto Fernández vía decreto de necesidad y urgencia.

Sectores de la oposición y especialistas en la materia advierten que con esa medida, el Gobierno implementará un fuerte ajuste fiscal, algo que oficialmente no se reconoce.

Bienes personales, renta financiera y retenciones

En materia tributaria, el segundo bloque del proyecto, Guzmán confirmó que las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales regresarán a los valores de 2015 y dijo que se fomentará la “repatriación de capitales”, puesto que “se gravará la tenencia de activos en el exterior” pero si éstos son reingresados a la Argentina, entonces “el extra impositivo no se cobra”, explicó.

En el marco de la misma ley, el ministro anunció que los bonos en pesos y los plazos fijos no pagarán impuestos a la Renta Financiera, al contrario que los emitidos en dólares. En cuanto a las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, Guzmán precisó que se modificará en un 3 por ciento el tope a la soja –de 30 por ciento a 33 por ciento- y al trigo y el país, que pasarán a tributar del 12 por ciento al 15 por ciento.

En sentido contrario, el titular de la cartera económica indicó que las retenciones a las exportaciones del sector industrial bajarán al 5 por ciento.

El Gobierno tomó nota de la reacción negativa de las entidades que nuclean al campo argentino y las convocará a integrarse al Consejo Económico y Social, aunque sobre la base del aumento de partida a las retenciones.

Deuda y facultades delegadas

En la conferencia, Guzmán admitió que el Poder Ejecutivo le está pidiendo al Congreso que vote facultades delegadas para poder “asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”, algo que en los hechos implicaría un diferimiento del programa de vencimientos para 2020.

fmi y cepo

El ministro aguarda que las negociaciones con el FMI sean rápidas y destraben el diálogo con acreedores privados.

“Si la Argentina se pone de pie, tendrá capacidad de repago”, insistió Guzmán. También indicó que no tiene previstos cambios para el cepo cambiario: “Fue puesto en un momento de gran ansiedad económica. Y para quitarlo, la economía se tendría que tranquilizar”, afirmó. Por último, dijo que las medidas buscan cuidar la situación fiscal y descartó una nueva disparada inflacionaria.

Otras de las medidas incluidas en proyecto de ley es la de modificar el esquema de impuestos internos para el tabaco, bebidas alcohólicas, servicios de telefonía, y autos. En este último caso se reemplazará el sistema de la alícuota del 20 por ciento por un sistema de escalas a actualizar trimestralmente por el índice de precios mayoristas. Los autos estarán eximidos hasta $1,3 millones. Tendrán una alícuota de 20% hasta $2,4 millones; y de 35% por encima de ese valor. También habrá un esquema de devolución del IVA a sectores vulnerables, que vendrá a reemplazar el actual sistema de eliminación del impuesto a la canasta básica aplicado por Cambiemos.

Otra de las medidas anunciadas anticipa que habrá un plan para regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social para pequeñas y medianas empresas y entidades civiles sin fines de lucro, las que podrán acogerse con obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019.

El plan, según fuentes ministeriales, estará abierto hasta el 30 de abril del año que viene y contemplará un esquema de condonación de intereses, multas y otras sanciones. El proyecto establece que a todo aquel titular de pyme que se sume al plan, se beneficiará con una suspensión de las acciones penales que se le hayan iniciado.

“Buscamos proteger a los sectores vulnerables de la sociedad”, reiteró Guzmán