Un juez de Brasilia absolvió hoy a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y a otros dirigentes del opositor Partido de los Trabajadores (PT) que habían sido acusados por la fiscalía general de formar parte de una asociación ilícita que desvió unos 400 millones de dólares, se informó oficialmente.

De esta forma cae una de las causas que más impacto causó en 2017 tras la destitución de Rousseff y que sirvió de base para otras acusaciones según las cuales el PT había conformado una banda para desviar dinero público dentro de la organización administrativa del Estado.

La resolución del juez Marcus Reis Bastos involucra a los ex ministros de Hacienda Guido Mantega y Antonio Palocci, y al ex tesorero del PT Joao Vaccari Neto.

Todos, menos Rousseff, están condenados en el proceso de la operación Lava Jato llevado adelante por la justicia de la ciudad de Curitiba.

"Lula logra la absolución cuando un juez imparcial interviene; el propio juez en su fallo descarta a la acusación por intentar criminalizar la actividad política", dijo el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins.

El caso es conocido como "la gran gavilla del PT" y fue llevado adelante por el procurador general de 2017, Rodrigo Janot, quien este año confesó que fue armado a los tribunales con ganas de matar a un miembro de la corte.

En octubre, la propia fiscalía de Brasilia recomendó la absolución al carecer de elementos sobre la formación de una asociación ilícita.

Lula está condenado en dos causas instruidas por el ex juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, con acusación del fiscal Deltan Dallagnol.

El ex presidente estuvo preso 580 días, hasta el 9 de noviembre pasado, por una condena -aún no definitivamente firme- a ocho años de cárcel por supuestamente recibir un departamento en la ciudad de Guarujá por parte de la empresa constructora OAS, que poseía contratos con Petrobras, empresa estatal de petróleo.

La semana pasada, Lula fue condenado a 17 años de cárcel por corrupción por una cámara de apelaciones que ratificó el fallo inicial, en el caso por el cual empresas constructoras como OAS y Odebrecht realizaron obras en una casaquinta propiedad de un amigo de Lula.

Lula usó cuando dejó la Presidencia esa casa de campo en la ciudad de Atibaia, interior del estado de San Pablo.