El Gobierno modifica la Ley de Lealtad Comercial y fija multas de 200 millones de pesos

El Gobierno nacional modificó la Ley de Lealtad Comercial y endureció las sanciones a las empresas por incumplimientos, con multas por hasta 200 millones de pesos.

También prevé la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales y la clausura de hasta 30 días.

Así lo establece el decreto 274/2019, publicado hoy en el Boletín Oficial, según el cual el Gobierno "tiene entre sus objetivos principales mejorar las condiciones de competitividad de la economía, así como también simplificar y dinamizar el comercio".

La norma aclaró que sus contenidos se aplicarán "en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse".

"La aplicación, añadió, no está supeditada a la existencia de una relación de competencia entre los sujetos del acto de competencia desleal", y "no será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste ser actual o potencial".

El decreto subrayó que "la regulación de la competencia desleal se caracteriza por su falta de sistematización y escaso alcance, no existiendo una norma general que unifique las conductas desleales".

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Por lo tanto consideró que "deviene necesario controlar conductas en el mercado y definir una regulación integral y sistematizada de la competencia desleal".

La modificación de la Ley de Lealtad Comercial endurece los controles a los supermercados, protege a las PyMEs y regula la competencia en el comercio, para lo cual prevé la aplicación de multas de hasta 200 millones de pesos para las firmas infractoras.

La normativa puntualizó que "resulta oportuno simplificar la normativa sobre publicidad comercial e identificación de mercaderías, posibilitando el establecimiento de mecanismos que faciliten al comerciante el cumplimiento de las normas, y al consumidor el acceso a la información".

Así, el decreto "propicia una mejora sustancial del procedimiento administrativo y su adaptación a los avances tecnológicos, y un marco jurídico moderno y eficiente, dentro de un marco de estabilidad e institucionalidad que otorgue certeza y previsibilidad".

"La medida propiciada se enmarca en razones de estricto interés público, impulsando la creación de una herramienta institucional y moderna, a través de la cual el Gobierno nacional posibilite, mediante la prohibición y sanción de actos y prácticas desleales, el desarrollo de un comercio justo y competitivo", precisó la normativa.