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De prosperar el proyecto del Gobierno, maltratos y abusos p asarán de la instancia privada a la pública. Buscan así poner freno a femicidios
Un proyecto de ley para reformar el Código Penal (CP) para que la violencia de género sea de instancia pública, fue presentado en las últimas horas por el gobierno nacional, por lo que de prosperar implicará que el maltrato deberá ser investigado por la Justicia con o sin denuncia de la víctima.
La iniciativa fue dada a conocer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Cabe destacar que actualmente los delitos de lesiones leves, sean dolosas o culposas, y los abusos sexuales, son de instancia privada.
“Una vez que la víctima o cualquier persona denuncie la violencia de género, se investigará sí o sí. Es lo que proponemos”, señaló la ministra Stanley, quien participó de la reunión realizada en la sede de Seguridad junto a Fabiana Tuñez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).
Carolina Barone, a cargo del área de Políticas de Género del organismo anfitrión, resaltó que el proyecto de ley que será girado “en breve” al Congreso Nacional “obliga al Estado a investigar toda denuncia sobre este delito, incluso si la víctima no ratifica la denuncia, la que no podrá ser retirada hasta que la Justicia concluya la investigación. Y desaparecen las lesiones leves en contextos de violencia de género”.
En ese sentido, Bullrich señaló que la iniciativa “es una estrategia de Estado, aprobada por el presidente Mauricio Macri, que propicia que la violencia de género, considerada un delito de instancia privada, sea ahora de instancia pública. Se trata de prevenir los femicidios”.
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La funcionaria recordó que “los homicidios bajan en el país, pero los femicidios suben, por eso avanzamos con esta política pública que ya se aplica en otros países”.
La propuesta de reformar el Código Penal “complementa la ley 26485 (de Protección Integral a las Mujeres). Pone adelante el bien jurídico a proteger: la vida de las mujeres en situación de violencia y la de sus hijas e hijos”, explicó por su parte Tuñez.
Asimismo, la titular del INAM dijo que “el Estado tiene que acompañar a la mujer mientras la Justicia investiga, y tiene que protegerla”.
Al ser consultadas las funcionarias sobre cuáles serían esas medidas para acompañar a las víctimas mientras dura el proceso judicial, la titular de Seguridad planteó “un sistema similar al que se aplica en protección de testigos, algo que tenemos que hablar en los consejos federales de Desarrollo Social y Seguridad”.
La ministra de Desarrollo Social añadió que “ya existe el cuerpo de abogados gratuitos para víctimas, hay equipos en el INAM, están la red de refugios, los subsidios económicos iniciales, las tobilleras que reemplazan a los botones antipánico y el acompañamiento psicológico”.
“Ahora que se está debatiendo el Código Penal (CP), queremos presentar este proyecto”, agregó Bullrich.
La propuesta concreta es reformar el actual artículo 72 del Código Penal y del Código Procesal Penal Federal, “exceptuando del carácter de delitos pendientes de instancia privada a aquellos hechos vinculados o que involucran cuestiones de violencia de género o intrafamiliar, en un todo de acuerdo con la normativa internacional que regula materia”, señala el texto de la propuesta.
A la ley de Protección Integral a las Mujeres de 2009 se fueron sumando otras normativas en estos años: en 2012 se reformó el CP para criminalizar de modo agravado los homicidios por razones de género, y si bien no usó la palabra femicidio, se trata de esta figura.
En 2017 se modificó el Código Civil y se estableció la privación automática de la responsabilidad parental a condenados por femicidios, entre otras iniciativas que surgieron en la última década, a la que ahora se suma este proyecto del Ministerio de Seguridad.
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