Más miembros de la Corte criticaron la idea del kirchnerismo de revisar las causas de corrupción

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, se sumaron a la postura del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y reclamaron que los políticos respeten "las decisiones judiciales aunque no las compartan", y reafirmaron que "la independencia de los jueces es una política de Estado".

Rosatti manifestó que "el legislador crea las leyes, el Ejecutivo las reglamenta y el juez las aplica. Pero todos los poderes tienen su límite en la Constitución Nacional", al hablar ante las XXV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina realizada en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Rosatti se pronunció en ese sentido tras las declaraciones del precandidato a presidente de Frente de Todos, Alberto Fernández, quien el 20 de mayo dijo: "Vamos a tener que revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años, que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica".

También el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni se había pronunciado por "hacer una revisión" de las causas de los detenidos por corrupción, entre ellos ex funcionarios del gobierno kirchnerista, a los que consideró "presos políticos".

Rosatti, en su exposición, pidió: "Terminemos con las polémicas: el Poder Judicial debe su existencia y su vigencia a la Constitución Nacional y, afortunadamente no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales".

En el encuentro, organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), Rosatti sostuvo que "se pide que el juez no juegue a ser político y estoy de acuerdo. Pedimos que el político respete las decisiones judiciales, aunque no las comparta".

"El juez no debe reemplazar al legislador", advirtió el juez de la Corte y agregó: "Los magistrados tenemos una herramienta que es la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, que debemos aplicar con criterio muy restrictivo, porque los legisladores son los representantes directos del pueblo".

"A diferencia del político que tiene un amplio espectro de opciones para tomar su decisión, y que viene concebida por su formación ideológica, el juez posee una limitada capacidad de maniobra que consiste en interpretar las leyes que dicta el Congreso", explicó.

En ese sentido, expresó que "el político piensa en las consecuencias y luego toma sus decisiones, en función de las mayorías que legitiman esas decisiones" en tanto que "el juez se maneja distinto, y debe atenerse al derecho".

Lorenzetti, por su parte, advirtió que "la independencia de los jueces es una política de Estado" y advirtió que "querer eliminar al Poder Judicial o modificar sentencias por medio de una ley afecta seriamente la división de poderes".

"La independencia de los jueces es una política de Estado de la Corte Suprema y de todo el Poder Judicial. Querer eliminar al Poder Judicial o modificar sentencias por medio de una ley afecta seriamente la división de poderes. La Corte ha dado muestras claras en los últimos diez años de que eso no es admisible", manifestó en declaraciones al portal Infobae.

Lorenzetti expresó que se trata de "un principio que defenderemos siempre con coherencia en beneficio de los ciudadanos que reclaman una justicia independiente. Sostuvimos esta posición en contextos de enormes presiones sobre los jueces".

"Defendimos la independencia de los jueces y lo seguiremos haciendo porque es una condición irrenunciable de una democracia sana y una república en serio", expresó el magistrado.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz se había pronunciado ayer en el mismo sentido al considerar, en la inauguración del encuentro, como "inconstitucional, antirrepublicana y profundamente irrazonables" las expresiones sobre una eventual disolución de la Corte. Aludió al intelectual Mempo Giardinelli, quién propuso "una nueva Constitución" cuyo "punto central es la eliminación del Poder Judicial para que haya en su lugar un servicio e Justicia".

Rosatti, por otra parte, afirmó que "algunas herramientas como la prisión preventiva no pueden ser ejercidas como coacción para que yo hable. Pero si me decido a hablar, tengo que decir la verdad. No hay un derecho constitucional a mentir".