Nada justifica la reducción del servicio de colectivos

Una vez más, como ocurre invariablemente en los recesos de invierno y de verano en nuestra región, miles de habitantes que dependen de los medios de transporte para trasladarse, se encuentran obligados a soportar las demoras y dificultades que les plantean los micros locales, cuyas frecuencias de paso se ven muy espaciadas. Las vacaciones escolares hacen que se reedite este clásico -nada simpático ni cómodo, por cierto- que se traduce en largas esperas en las paradas para los usuarios.

Tal como se informó en ediciones anteriores, la situación se ha reflejado ahora en la presentación de un proyecto en el Concejo Deliberante platense, por el cual se solicita al Ejecutivo municipal que controle y exija a las empresas de transporte público locales el cumplimiento de horarios, frecuencias y cantidad de unidades en circulación.

Se sabe que la burocracia es infalible cuando se trata de tropezar con la misma piedra. Tanto como lo son las empresas de micros, que frente a cada receso escolar dejan de cumplir -también puntualmente- con las obligaciones que surgen de las respectivas concesiones, de modo que el desaguisado siempre termina pagándolo la población.

En el informe publicado muchos usuarios coincidieron en la necesidad de que la Comuna les haga cumplir a las líneas urbanas de colectivos con las distintas cláusulas del servicio, entre ellas la frecuencia de paso y la cantidad de unidades en funcionamiento. Señalaron que, si bien corre el receso escolar, las obligaciones laborales siguen vigentes para la mayoría de la población.

Dijeron, asimismo, que si bien las esperas prolongadas se presentan a lo largo de todo el año, se convierten en eternas cuando cesan los ciclos escolares, atribuyéndose el problema a la falta de control estatal sobre las empresas -también las interurbanas- que explotan un servicio público como es el del transporte de pasajeros.

En numerosas oportunidades, desde las áreas de transporte comunal y provincial involucradas se aseguró que los servicios son acordados con las empresas prestatarias y que se realizan controles periódicos sobre su funcionamiento. En realidad, dado lo que se observa a lo largo de los doce meses, en experiencias que se suman desde muchos años atrás, daría la impresión de que los organismos públicos ponen su acento en señalar que están en vigencia acuerdos marco y reglamentaciones para regular la prestación de los servicios, pero no en demostrar que se realizan los controles efectivos y continuos para verificar que las empresas los cumplen en debida forma.

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El incumplimiento se ha vuelto generalizado y sistemático, al punto de que según algunas conjeturas, se estaría al borde de una suerte de endémico “aumento encubierto del precio del boleto”. De acuerdo a esa presunción, habría una suerte de tácita venia por parte de las autoridades, para que las empresas de colectivos, en lugar de cobrar más por los viajes, reduzcan la cantidad de frecuencias.

Sea como sea, lo cierto es que servicios públicos, salvo caso fortuito o fuerza mayor, no pueden alegar circunstancias de ningún tipo para intentar justificar incumplimientos. Es imperioso, por consiguiente, que las autoridades hagan lo que corresponda para que se vea asegurado en la Región, por parte de las empresas del transporte de pasajeros, el cumplimiento de una prestación confiable y eficiente, tanto en lo que se refiere a los horarios como a la cantidad de unidades en servicio y a la certeza de los recorridos programados.