La toma de terrenos en Villa Alba no para de crecer y aumenta el temor en los vecinos

“No podemos dormir, ni irnos a trabajar, ni siquiera sentarnos a comer”, decía ayer una vecina de Villa Alba que a la hora de la merienda no había almorzado. Para ella, como para muchos de los históricos vecinos radicados en esta zona de casas bajas de la periferia platense, la rutina cambió desde la noche del miércoles, cuando decenas de familias comenzaron a ocupar las seis hectáreas de tierras -de propiedad privada- que se extienden desde 602 a 604, y de 119 a 121 bis. Hoy, calculan, los usurpadores superan los 300.

“Sigue todo tomado”, se resignaba un lugareño en un tono que iba de la amargura al temor: “Los vecinos sufrimos robos y amenazas, a la noche se escuchan discusiones entre ellos, también tiros”, describía. Refería, de esa manera, a las rivalidades desatadas entre los propios ocupantes: “Se pelean por un pedazo de terreno”.

Incluso ayer, en el cenit del sol, “personas armadas, con pistolas y escopetas” caminaban el predio, según alcanzaron a ver algunos vecinos desde el interior de sus casas. “Tratamos de salir lo menos posible a la calle”, advirtieron.

Como viene informando este diario, el paisaje del lugar fue cambiando con el correr de los días, en sintonía con lo que suele observarse en las usurpaciones que cada vez con mayor frecuencia proliferan en la Región. Así, lo que durante las primeras horas fueron unas pocas carpas y algún toldo, hombres y mujeres -varias con niños- delimitando precariamente el terreno, reduciendo los pastizales con fuego o a machetazos, devino después en hileras de casillas precarias: “Ya están viviendo en casitas de madera y tienen chapas por todos lados. Son más de 300”, repetían ayer desde 604.

A otros, en tanto, los sorprendió que “ya se colgaron de la luz, usan la electricidad que alimenta al barrio y así escuchan música a todo lo que da. Hasta tele trajeron”.

Todo ocurre “a la vista de todos” y ante la ausencia total de vigilancia policial, coincidieron los vecinos consultados por este diario. “No apareció nadie y ya nos dijeron que el fin de semana es imposible. A lo sumo, el lunes o el martes”, comentaron, con el pedido expreso de mantener sus nombres en reserva por temor a represalias.

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En rigor, el jueves un patrullero con dos policías llegó hasta la zona a tomar los datos de los ocupantes. Según se supo, actuaban de oficio ante dos denuncias por usurpación en las que intervienen la UFI N° 16 y la UFI N° 11.

Pero “no volvieron más”, insistían los vecinos al transcurrir el cuarto día de usurpación. “Ya nos cansamos de llamar a la policía, porque nos amenazan, nos dicen que nos van a prender fuego la casa”, advertían, y explicaban: “A falta de custodia, nos quedamos a vigilar nosotros. No vamos al trabajo, perdemos presentismo, pero no queremos irnos sin saber con qué nos vamos a encontrar al volver”.

También, entre los testimonios hubo quienes relacionaron el escenario descripto con la coyuntura electoral: “Esto es todo política, son ‘punteros’ que meten a la gente por un voto”, deslizaron en 603. Apuntaron, por caso, que en estos días vieron llegar vehículos cargados con materiales para levantar las débiles construcciones, herramientas para desmalezar y delimitar el predio.

En este sentido, la metodología recuerda a la empleada en cada ocupación masiva de terrenos: se eligen los lotes a usurpar, luego ocurre el “desembarco”, la posterior limpieza y delimitación del terreno, para finalmente levantar viviendas precarias con materiales que, por lo general, son trasladados en camiones. Por último, el paso que convalida eso de que la necesidad tiene cara de hereje: los ocupantes se encargan de “rematar” las tierras a otras familias sin viviendas.

¿Qué se hace en estos casos? Tal como ha informado este diario, requerir y lograr un desalojo puede resultar un proceso arduo, incluso para los propietarios que tienen sus papeles en regla. El damnificado, con un breve escrito, puede presentarse en la fiscalía de turno pidiendo un “desalojo preventivo”. El fiscal eleva la solicitud al juez y éste, si decide que es dable proceder, inicia el protocolo vigente, cuyo objetivo es tratar de evitar la expulsión violenta de los ocupantes y proteger a los menores involucrados.

Luego, se traslada la causa a diferentes organismos, que tienen cinco días para dar vista y adoptar las medidas que crean necesarias, y luego recién se intima a los usurpadores a marcharse pacíficamente. Sólo se utiliza la fuerza pública si no quedan alternativas.

Fuentes judiciales señalan que los propietarios de las parcelas suelen obtener dictámenes favorables, aunque en la práctica la ejecución del desalojo choca con diversas trabas. Si las tierras llegaran a ser de dominio público provincial, la Policía debería actuar de oficio, y correspondería al Fiscal de Estado bonaerense tramitar su desalojo. En Tribunales destacan que las denuncias que involucran lotes privados pueden hacerlas cualquier vecino, pero no le cabe pedir su desalojo. Es la Justicia la que opta por ordenarlo o no.