Por la tensión callejera, el Gobierno cede a la emergencia alimentaria

El Gobierno está preocupado por el aumento de la tensión callejera. Esa fue justamente la lógica que imperó entre el presidente Mauricio Macri y los ministros del Gabinete nacional a la hora de darle vía libre a la sanción, este mismo jueves en la Cámara de Diputados, de una prórroga a la emergencia social –vigente desde 2002- para aumentar en un 50% el presupuesto alimentario.

Se trata de una iniciativa impulsada por organizaciones sociales vinculadas al peronismo reunificado en el Frente de Todos y que cuenta también con el aval de los obispos de la Iglesia católica, que entienden que la crisis económica desprotege a los sectores más vulnerables. La prórroga incumbe a Macri, pero en rigor será aplicada por el próximo presidente hasta 2022.

Por eso mismo, en la suerte que pueda correr el proyecto de emergencia alimentaria también se juega la interna de la alianza electoral que encabeza Alberto Fernández, puesto que el candidato presidencial más votado en las PASO podría estar siendo presionado por sectores del kirchnerismo y de grupos piqueteros –como la CTEP de Juan Grabois- para garantizarse futuro financiamiento.

Tal como está escrito el proyecto que hoy recibirá tratamiento en el recinto de la Cámara baja, el aumento del presupuesto nacional para la provisión de alimentos insumirá 8.000 millones de pesos extra a lo previsto para este año y facultará al jefe de Gabinete a reasignar partidas de otras áreas de la administración para reunir esa cifra. El Gobierno no informó de dónde sacará el dinero.

El presidente Macri dijo ayer desde Santa Fe que la coalición gubernamental está dispuesta a dar su apoyo al proyecto opositor “si quieren ampliar o cambiar” las partidas alimentarias. Las declaraciones del primer mandatario anticiparon el cambio de postura del PRO, la UCR y la Coalición Cívica en Diputados, que anoche anunciaron que bajarán a participar del debate.

Para que el proyecto sea incluido en el temario de la sesión especial deben dar su consentimiento al menos dos tercios de los diputados presentes en el recinto, con lo cual el peronismo opositor requiere del concurso de legisladores de Cambiemos. Para la aprobación, en tanto, se requiere de la mitad más uno de los presentes. Ese número sería reunido con facilidad, pudo saber EL DIA.

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Los disturbios que se registraron ayer en plena avenida 9 de Julio, sumados a las manifestaciones en La Plata y Córdoba capital, acentuaron la decisión del Gobierno de no bloquear la emergencia alimentaria. Mientras que las organizaciones sociales hicieron notar que es “insuficiente” el presupuesto de 30 pesos por plato de comida que envía a los comedores Desarrollo Social.

“Se triplicaron los pedidos de comida en los barrios y con esos 30 pesos por ración no nos alcanza”, advirtieron a este diario fuentes de las organizaciones sociales que participaron de las negociaciones tanto con el Gobierno como con los diputados que hoy sancionarán el proyecto y lo enviarán al Senado. Sin embargo, no consiguieron todo el presupuesto que reclamaban.

De hecho, fuentes partidarias revelaron que el propio Alberto Fernández dio la indicación de moderar el reclamo de aumento de las partidarias alimentarias de 100% a 50%. La señal política del candidato presidencial del Frente de Todos fue interpretada como un mensaje interno dentro del peronismo opositor, en el sentido de que no cederá a la presión de los distintos sectores.

A tal punto, que en el bunker del Frente de Todos en la calle México porteña no se privaron ayer de mostrar cierto malestar con el dirigente de la CTEP Juan Grabois, quien tuvo que dar explicaciones por las protestas en los shoppings porteños y adujo que no tuvo que ver con su organización, ya que de las mismas se encargaron desde la filial de la agrupación en CABA.

No obstante, las fuentes consultadas afirmaron que Grabois no se encuentra entre los interlocutores de Alberto Fernández, quien privilegia el diálogo con otros dirigentes de organizaciones sociales como Fernando Navarro y Emilio Pérsico, ambos del Movimiento Evita. Un diputado de esa organización, Leonardo Grosso, es el autor de la ley de emergencia alimentaria.

En el Gobierno, en tanto, las demandas de las organizaciones sociales fueron primero rechazadas –con el argumento de que ya cuenta con las herramientas burocráticas para reasignar partidas-, para luego ser aceptadas por una decisión política del presidente Macri. La mesa chica de la Casa Rosada evaluó que la protesta callejera ascendente no será un buen escenario preelectoral.

Aunque la movilización está ahora más en los planes de las organizaciones sociales de izquierda –tal como se vio ayer con el Polo Obrero en la 9 de Julio- que en las agrupaciones que representan al peronismo.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el aval de los obispos de la Iglesia católica