Investigarán la responsabilidad de la intendenta Mayol en la masacre de Monte

La investigación por el cuádruple crimen conocido como la “masacre de Monte” ingresó en un terreno hasta ahora no explorado pero mencionado por diferentes actores: el de la responsabilidad que pudo caberle a la intendenta Sandra Mayol. En el hecho murieron Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14) y fue gravemente herida Rocío Quagliarello (14).

Es que la fiscalía penal de Cañuelas tomó en las últimas horas la decisión de investigar si la intendenta Mayol (massista en el Frente de Todos) incumplió sus deberes de funcionario público en la trama de encubrimiento que siguió a los trágicos hechos ocurridos el pasado 20 de mayo, cuando un grupo de policías de San Miguel del Monte persiguió a balazos, sin causas hasta ahora aclaradas, a cinco jóvenes que luego chocaron contra un acoplado produciéndose la muerte de cuatro de ellos y graves herida a una menor.

El fiscal Lisandro Damonte también investigará por lo mismo a Nelson Julio Barrios, un funcionario del cuerpo de bomberos municipal.

La investigación quiere aclarar las circunstancias en que el personal de Bomberos levantó los cuerpos de los fallecidos y retiró los restos del Fiat 147 en que viajaban.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) venía reclamando que la investigación incluyera a Mayol y al funcionario de Bomberos. En un comunicado sostuvo que “la trama de encubrimiento que se desplegó en las horas posteriores a la masacre no pudo haberse realizado sin el conocimiento e, incluso, la anuencia de la intendenta Mayol”.

En un reciente diálogo con este diario, la intendenta Mayol acusó a la Comisión por la Memoria y “a la izquierda” de haber politizado la tragedia.

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En esa entrevista Mayol aseguró haber sido ella quien entregó lo que se considera “prueba fundamental” como es la filmación de las cámaras de seguridad municipal donde se observa la persecución y se derriba la coartada de los policías involucrados.

Pero sobre esas filmaciones hay una controversia en pié: la que plantea Alexis Rodríguez, un ex empleado municipal que fue sancionado por difundir esas imágenes y que recientemente, según dijo a este diario, renunció “porque me hacían la vida imposible”.

En calidad de patrocinante de dos de las familias de las víctimas, la Comisión Provincial de la Memoria había pedido que se investigue penalmente a la jefa municipal, solicitud que fue apoyada por los demás particulares damnificados.

En la causa están procesados por las muertes diez policías bonaerenses y el ex secretario de Seguridad del municipio, Claudio Martínez mientras que hay otros uniformados acusados de encubrimiento.

Una de las claves fue el balazo encontrado en el cuerpo de Gonzalo Domínguez, cuando la versión policial decía que “no habían habido tiros”.