Acertada postura del país por violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Argentina valoró y apoyó con fuerza el informe de la Organización de las Naciones Unidas acerca de las comprobadas y múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela, realizado por la Alta Comisionada de la UN, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en ese país, en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos desarrollada en Ginebra. Vale la pena acotar que la expresidente de Chile es una respetada dirigente social, cuyo padre fue una víctima de la dictadura de Pinochet.

De esta manera, al ratificar una posición que ya había anticipado, el gobierno argentino también tomó distancia de las recientes y escandalosas declaraciones del embajador de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos, que defendió el régimen despótico de Nicolás Maduro.

El desafortunado discurso de ese diplomático, elaborado, según se aclaró después, a título personal y opuesto a la postura que sobre el tema sostiene el actual gobierno nacional, dañó la imagen de la Argentina al colocarla en el bando de los pocos países que defienden al régimen venezolano. Lo cierto es que ya no quedan dudas acerca de que se habla de una férrea dictadura militar, disfrazada de ideológica, que no ha dejado de violar derechos y garantías que son básicas en los sistemas democráticos, además de hundir económicamente a un país que tiene una de las tres mayores cuencas petroleras del mundo.

El texto argentino ante la ONU insta al gobierno venezolano a “cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes”. Asimismo, dice, el gobierno argentino le pedirá al venezolano que “conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos” y que “lleve a los perpetradores ante la Justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.

“La República Argentina destacará a través de sus representantes en el Consejo la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias”, se precisó en el texto difundido por Cancillería. Y advierte: “Son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral”.

Cabe recordar que el informe Bachelet fue contundente acerca de la cantidad y gravedad de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, mencionándose, entre otros, el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginales registrado a partir de operativos policiales, violaciones sexuales, torturas en comisarías y cárceles, detenciones injustas y desapariciones, con una gran cantidad de crímenes en los que tuvieron responsabilidad las llamadas Fuerzas Especiales de la Policía (FAES), una suerte de guardia pretoriana de Maduro.

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Por cierto que tampoco puede dejar de mencionarse la angustiosa situación de pobreza e inseguridad alimentaria que, salvo para una minoría del 5 por ciento, sufre la población venezolana. Sin dejar de mencionar el desolador panorama que marcan las tasas de mortalidad infantil, expectativas de vida, disponibilidad de servicios públicos, desnutrición infantil, acceso a centros de salud y los índices macroeconómicos reveladores de una tragedia también marcada por la emigración de más de cinco millones de venezolanos, en lo que resulta ser una crisis humanitaria sin parangón en lo que va del siglo XXI.

Frente a ese escenario no caben dudas, ni existe espacio para impulsar otras interpretaciones menores, inevitablemente mezquinas frente a la magnitud del drama. La postura del gobierno argentino debe estar junto a los principios universales de la democracia, pidiendo que se respeten en Venezuela derechos que hoy se encuentran brutalmente conculcados por una corrupta dictadura militar.