La seguridad pública no es materia de los serenos ni de vigiladores privados

No parece prudente ni oportuna la resolución emitida por el ministerio de Seguridad bonaerense -a través de la dirección provincial de Seguridad Privada- que señala que los serenos y las empresas de seguridad privada deben informar a la Policía sobre reuniones de más de diez personas en espacios cerrados. Una larga experiencia aquilatada en muchos años demuestran que la seguridad es un tema que el Estado no puede delegar en modo alguno. Y que cuando lo hizo, los problemas se agravaron.

Tal como se detalló, desde la cartera de Seguridad provincial se informó acerca de los términos de la medida emitida en relación con el llamado el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, que prohíbe las reuniones con más de 10 personas en espacios cerrados, estableciéndose en la resolución que “las Agencias Privadas de Seguridad y los serenos deben dar aviso a la policía de la jurisdicción en caso de tomar conocimiento del incumplimiento del mismo, ya sean las denominadas fiestas clandestinas o particulares”.

Los funcionarios de Seguridad añadieron que para prevenir y evitar este tipo de encuentros masivos, que en muchos de los casos terminan con disturbios y que además de ser potenciales focos de contagio, afectan a los vecinos, desde el área específica se contará “con el apoyo de las Agencias Privadas, la cuáles en base a esta nueva norma deberán informar a la policía de la jurisdicción ante el incumplimiento de la misma, que será pasible de sanción penal o contravencional, según corresponda”.

Añadieron que, de esa forma, “se podrá prevenir el encuentro en espacios cerrados que cuenten con seguridad privada, como por ejemplo los country o reuniones clandestinas. Asimismo, se insta a los bonaerenses a colaborar evitando este tipo de concentraciones, y a los empresarios nocturnos a realizar los mismos al aire libre con las medidas de seguridad e higiene solicitadas”.

Desde luego que no está en la intención de nadie relativizar la vigencia de medidas que prevén el distanciamiento social como uno de los recaudos preventivos más trascendentes y universalmente adoptados. Sin embargo, son únicamente los organismos estatales los que deben hacerse cargo de de asegurar la vigencia de esas medidas, impuestas oportunamente por el gobierno nacional en forma conjunta con las administraciones provinciales y municipales.

De aceptarse este tipo de delegación de funciones hacia el sector privado -serenos e integrantes de agencias de seguridad- nada impediría que en el futuro se quisiera extender esas supuestas “facultades” a otras personas, a los vecinos por ejemplo, cuando, además, sabido es que todo ciudadano puede y le corresponde denunciar la comisión de algún delito cuando tenga constancia de que se está cometiendo.

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No sería tampoco exagerado presumir que quienes, de pronto, se encuentran oficialmente conminados a denunciar la realización de este tipo de reuniones, intenten en el futuro, de alguna manera, “acreditar” sus servicios reclamando alguna recompensa o retribución. Otra alternativa digna de mención es la que podría quedar planteada por quienes intenten aprovechar políticamente sus funciones como vigiladores, a partir de la eficacia de sus colaboraciones.

No se trata, por cierto, de enhebrar conjeturas, toda vez que, como se ha dicho, existen frondosos antecedentes registrados en nuestro país cuando se intentó, en ocasiones, delegar funciones que son propias de los organismos de seguridad y a partir de allí se registró todo tipo de desbordes. En los temas principales que le conciernen, no son parches ni fórmulas provisorias aquello que el Estado debe impulsar. Son políticas de fondo, bien pensadas, mejor ejecutadas y nunca delegadas.