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Las autoridades de Estados Unidos realizaron la décima ejecución federal del año, la cota más alta en más de un siglo, ante la decisión del presidente Donald Trump de continuar con una serie de sentencias capitales antes de dejar el cargo, pese a una centenaria tradición de suspenderlas durante el período de transición de poder.
Alfred Bourgeois, un hombre negro condenado a muerte por el asesinato de su hija de dos años, recibió anoche una inyección letal en una cárcel de Terre Haute, en el estado de Indiana (centro-oeste), un día después que otro condenado fuera ejecutado también allí.
"Bourgeois fue declarado muerto a las 8:21 pm" hora local, informó la prisión federal en un comunicado.
Tras una demanda por paternidad, Bourgeois, un exchofer de camión, ejercía la custodia temporal de su hija en el verano de 2002, cuando la llevó a una ruta camionera y abusó severamente de ella hasta que en un momento le rompió el cráneo contra el parabrisas.
Como el crimen tuvo lugar en una base militar donde realizaba una entrega, fue juzgado en un tribunal federal y sentenciado a muerte en 2004. Permaneció en el corredor de la muerte desde entonces.
Las ejecuciones federales fueron suspendidas en Estados Unidos desde 2003, principalmente por dudas sobre la legalidad de las drogas administradas a los condenados.
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Sin embargo, Trump decidió suspender esta moratoria en julio pasado, pese a que los estados que aún ejecutan la pena capital postergaron su aplicación por los riesgos sanitarios para el personal carcelario y los testigos durante la pandemia de coronavirus.
En total, siete ejecuciones federales se realizaron antes de las elecciones del pasado 3 de noviembre, que el magnate republicano perdió ante el demócrata Joe Biden, quien se comprometió a trabajar con el Congreso para acabar con las ejecuciones federales.
Desde su derrota, que aún se niega a reconocer, Trump ejecutó a otros tres sentenciados y rompió así con una tradición de 131 años, durante los cuales los mandatarios salientes suspendieron las sentencias federales durante la transición.
La última ejecución federal está programada para el 15 de enero, solo cinco días antes de que Biden tome posesión de su cargo.
La ejecución de Bourgeois, que se realizó aunque sus abogados pidieron la intervención de la Corte Suprema por alegar que padecía una discapacidad mental, fue la decimoséptima de este año el país y la décima a nivel federal.
Estas cifras convierten a Trump en el mandatario que más sentencias federales avaló en más de un siglo.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su "preocupación" por la planificación de la "serie" de ejecuciones en Estados Unidos.
"Durante décadas, la CIDH ha apuntado a la pena de muerte como un desafío crítico para los derechos humanos", indicó, precisando que Estados Unidos "es el único país en el hemisferio occidental que actualmente ejecuta a personas que son sentenciadas a muerte".
Desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte federal en 1988, las ejecuciones en el país fueron escasas.
Antes de que Trump asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales en este período (1988-2016).
Todas se realizaron bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush, e incluyeron al preso Timothy McVeigh, condenado por el atentado con bomba en un edificio federal de la ciudad de Oklahoma.
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