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Opinión |Editorial

Sin inversiones del sector privado, no podrán bajar los índices de pobreza

Sin inversiones del sector privado, no podrán bajar los índices de pobreza
5 de Diciembre de 2020 | 02:27
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El informe realizado por la Universidad Católica Argentina. reflejado por este diario en la edición de ayer, revelador de que casi uno de cada dos argentinos es pobre -en concreto, de que tanto el 34,9 por ciento de los hogares como el 44,2 por ciento de los habitantes del país se encuentran por debajo de la línea de la pobreza- en una situación que venía de arrastre, pero que sufrió el impacto devastador de la pandemia y la cuarentena, debiera convocar a los argentinos a salir cuanto antes de esta verdadera debacle que amenaza al presente y futuro de nuestro país.

Por grupos de edad, el trabajo destaca que sobresale la pobreza entre los menores de 17 años, que subió del 59,5 por ciento al 64,1 por ciento reflejando “una persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana”. La indigencia también aumenta, afectando más a los segmentos marginal e integrado de trabajadores y es transversal a todas las regiones urbanas, aunque con mayor fuerza en el conurbano bonaerense.

“Bajo el escenario de crisis COVID-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia’’, señaló el paper del equipo de expertos de la entidad. La recesión afectó así al consumo, ante la caída abrupta del poder adquisitivo de muchos millones de habitantes.

Luego de asegurar que la pobreza sería mayor si las autoridades no hubieran puesto en marcha medidas de ayuda para que muchas familias carenciadas pudieran enfrentar la situación, del contenido del informe surgen evidencias sobre los males estructurales y las distorsiones endémicas que sufre la economía en nuestro país. Uno de ellos, acaso de los más perentorios, es que sin la presencia de inversiones en el sector privado no puede haber generación de empleos y por consiguiente seguirá gravitando la desocupación. Esto no significa descalificar el rol de la inversión pública bien orientada.

Es ostensible, asimismo, que en el caso de los que cuentan con trabajo estable, los salarios promedio que perciben son cada vez más bajos, mientras que el llamado costo laboral que incide sobre las empresas también es cada vez mayor. Estudios realizados en fecha reciente determinaron que, por cada $ 100 que recibe de sueldo el empleado, el empleador paga 150 por la obra social y los aportes a la jubilación.

Los costos laborales de nuestro país son los más altos de la región pero no debido a lo que ganan los trabajadores. En la práctica, ello se traduce en que tanto el empleador como el empleado se muestran disconformes, ya que el primero debió multiplicar su esfuerzo para pagarlos y el segundo siente que lo que cobra como salario no le alcanza. La necesidad de financiar un sobredimensionado sector público aqueja económicamente a todos los sectores productivos. Ese panorama es común a la mayoría de las empresas y constituye otra referencia de los perjuicios que sufre una economía, acosada además por otros males, como la informalidad laboral y le carga impositiva general que pesa sobre la actividad económica. Los muchos miles de comercios y empresas cerradas dan fe de esa penosa realidad.

Es obvio que sin inversiones no podrá haber más empleos ni reactivación. Erradicar la pobreza exige varias condiciones: seguridad jurídica, crecimiento económico, estabilidad de precios y menor peso de los costos públicos. Nuestro país necesita en forma urgente cuadros normativos que allanen la actividad del sector empresario, facilitando su función de creador de fuentes de trabajo. Desde luego que, como corolario de ello, la Argentina no sólo debe terminar con un largo período de déficit fiscal -con un sector público desordenado y cada vez con mayor voracidad tributaria- sino integrarse nuevamente como competidora idónea en el cada día más competitivo mercado internacional, generador de las mayores riquezas.

Los graves problemas que plantea esta recesión son de una enorme magnitud y acaso el más acuciante sean el del desempleo y el subempleo. Frente a ellos es imperativo que el sector privado recupere su rol productivo y le entregue a la sociedad fuentes laborales genuinas. El esquema de las provincias en las que el Estado es uno de los mayores o mayor empleador es un ejemplo de lo que no debe hacerse porque condena a sus poblaciones a una miseria crónica que debe mitigar el Estado Nacional. La posibilidad de revitalizar la economía -una alternativa cercana, si se advierten los calificados recursos humanos existentes- depende también, en buena medida, de que el Estado acompañe a tantos pequeños y grandes empresarios que, optimizando su gestión, podrán resurgir y darle nuevamente robustez a la vida económica del país.

 

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