¿La reestructuración de la deuda se encamina?

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El ministro de Economía, Martín Guzmán, trata de mantener la calma mientras en los mercados se observa cada vez con más ansiedad el interés por conocer qué propuesta se presentará a los acreedores del Estado en marzo. La secuencia que sigue el Gobierno suena, a priori, intuitiva: para pagar primero hay que crecer, y esto exige un alivio financiero para Argentina. Una vez logrado se remitirá al Congreso la ley de Presupuesto 2020.

La lectura optimista es que si dicho razonamiento se plasma en la práctica sería un verdadero “golazo de media cancha”. En caso de ser acompañado por un fuerte alivio financiero en materia de pagos de vencimientos de la deuda, si el programa es creíble dentro y fuera del país, la recuperación del mercado interno con cierta recuperación de un flujo sostenido de inversión extranjera directa, habrán desacoplado la economía argentina del sendero recesivo iniciado en 2011. De esta forma aumentaría la demanda de dinero, se reduciría la volatilidad cambiaria y las presiones inflacionarias.

En el sector privado también se percibe una lectura alternativa. El alivio en los pagos de la deuda exige previamente un plan de pagos y un programa fiscal plurianual, con o sin una ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. Los acreedores más duros quieren ver un compromiso firme con proyecciones macroeconómicas y financieras viables y sólidamente fundamentadas. Esto es, un programa fiscal, monetario, cambiario y regulatorio coherente y políticamente viable que permita determinar bajo premisas creíbles de dónde surgirán los excedentes fiscales y de balanza de pagos coherentes con un nuevo calendario de vencimientos de la deuda pública.

La presentación de una propuesta de canje de deuda actual por deuda nueva será aceptada cuando se acompañe de un programa macroeconómico que, en definitiva, es la base del plan de pagos para la futura deuda reestructurada. La negociación debería permitir alcanzar al menos algunos de estos objetivos ideales: a) reducción de capital, b) menores cupones nominales de intereses, c) mayor plazo hasta el vencimiento, d) período de gracia de vencimientos de dos años o más, e) eventual apoyo de organismos internacionales o gobiernos para realizar algún pago simbólico en el corto plazo a los acreedores, f) sustitución de legislación extranjera por legislación nacional para la nueva deuda.

Su aceptabilidad exige un programa de crecimiento bajo supuestos creíbles y coherentes con los números fiscales y de sector externo para un horizonte de varios años. Esto exige, también, un plan de estabilización de precios creíble, coherente y políticamente viable. En ese caso, las expectativas de estabilidad y crecimiento deberían anclarse antes del cierre de los eventuales acuerdos. Esto favorecería y acortaría el tiempo de negociaciones. Pero estas llevan tiempo y exige consenso sobre mayorías mínimas de acreedores para acotar la cantidad de holdouts que opten por litigar contra el Gobierno.

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La visión optimista, o en cierta forma oficialista, se resume en un acuerdo rápido, que una vez logrado definirá las proyecciones fiscales, monetarias y macroeconómicas a ser dadas a conocer a partir de la nueva ley de Presupuesto. La segunda, la escéptica, exige una secuencia opuesta: mostrar primero las proyecciones, el plan de pagos, y la propuesta de reestructuración. La credibilidad o no en dicha información, y la coherencia entre sus cifras y premisas determinaría la demora para lograr o no el acuerdo, y para que el Ministerio de Economía remita al Congreso la nueva ley de Presupuesto. La visión optimista da por descontado una negociación rápida, la escéptica, una bastante lenta y prolongada. Para los optimistas el gradualismo en curso lograría enfriar la puja distributiva, y recuperar el crédito interno, la actividad económica y en el mediano plazo el ingreso de inversión extranjera directa.

Para los escépticos, el gradualismo y las demoras para llegar a un acuerdo pueden conducir a dos soluciones: un éxito razonable con un final de las negociaciones hacia el segundo semestre del año, o en su defecto, un proceso complicado que termine en un acuerdo para el año próximo, y bajo presiones sobre el tipo de cambio, los precios regulados, los salarios y la inflación.

La gira por el exterior del presidente Alberto Fernández apunta a consolidar el camino en línea con la hipótesis optimista. La gran novedad, luego del apoyo a Evo Morales y Lula, ha sido el muy buen diálogo con gobiernos occidentales a los que el kirchnerismo le dio la espalda entre 2003 y 2015. El gran activo es la consolidación de apoyos concretos de varios gobiernos y del Fondo Monetario Internacional para la reestructuración de la deuda. En ese sentido, hay varias señales adicionales que no pueden obviarse: a) el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y sus funcionarios han dejado de atacar, al menos en público, al Gobierno, b) el FMI despidió el viernes a David Lipton, responsable del caso argentino en la crisis de 2018-19, y c) las expresiones de fuerte apoyo a Fernández del presidente Donald Trump, un día después de haber recibido al opositor venezolano Juan Guaidó.

Es claro que el FMI no quiere dejar de cobrar lo que se le debe, y prefiere forzar a los bonistas y acreedores privados a soportar la mayor proporción de potenciales pérdidas de cualquier reestructuración. Pero no pocos tenedores de deuda entienden que el gran error del Gobierno anterior fue el de endeudarse con el FMI, y seguir un programa de ajuste insostenible. Según esa visión, quien debe soportar el costo de la falta de capacidad de pagos del gobierno nacional debería ser el FMI, y no los bonistas. La solución final es, hoy por hoy, incierta, pero tarde o temprano el equipo económico deberá mostrar sus proyecciones fiscales, base fundamental para definir el camino final de la reestructuración anunciada.

El paraguas político para la negociación tomó forma con la gira del Presidente, pero las tareas que siguen están a cargo del equipo económico. Y esto requerirá una mínima cooperación de las provincias más endeudadas. En particular, no pasó desapercibido el fracaso de la provincia de Buenos Aires en su intento de postergar un vencimiento US$ 250 millones 26 de enero al 1° de mayo, debiendo pagarlo la semana pasada. El episodio contribuyó al fracaso del canje del bono AF20 del Gobierno, que se reabre en el día de hoy. La razón es simple: si ya para el bono bonaerense el dinero apareció, ¿por qué aceptar canjes de deuda en términos demasiado desfavorables?

El episodio muestra a las claras que el futuro éxito no dependerá solo del menú de opciones que muestre el Ministerio de Economía, sino también de una mínima coordinación con los gobiernos provinciales. Algo que en caso de volver a descuidarse puede hacer fracasar la estrategia para reestructurar los vencimientos de su deuda.

(*) Economista (Universidad del Salvador)

“Exige un plan de estabilización de precios creíble, coherente y políticamente viable”

“Tarde o temprano el equipo económico deberá mostrar sus proyecciones fiscales”