Aborto: el Gobierno avanzará hacia la legalización y la Iglesia saldrá a oponerse

El gobierno de Alberto Fernández precisó ayer que el proyecto sobre el aborto que prepara para presentar en el Congreso incluye no sólo la despenalización sino también la legalización de la práctica en los centros de salud pública, mientras que la Iglesia católica -la principal opositora en el debate sobre el tema- reforzará su “acción pastoral en defensa de la vida”, a la espera del nuevo tratamiento que se dará este año en el Parlamento.

Luego de que el martes el presidente Alberto Fernández confirmara desde París que está en sus planes el envío de una nueva iniciativa al Congreso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue el encargado ayer de precisar que “es necesario avanzar en la despenalización y después en la legalización” del aborto.

En declaraciones a Radio Continental, Cafiero sostuvo que lo que busca el Gobierno es “un entendimiento” respecto de las posturas encontradas, para lograr “una política de salud pública que se pueda imponer en el país”.

“Entendemos que la Argentina tiene voces diversas y, a veces, hay que tomar decisiones con las cuales, por ahí, algunos argentinos se pueden sentir ofendidos, pero lo que buscamos es un entendimiento”, sostuvo.

De esta manera, hizo referencia a una de las voces más críticas que enfrenta el gobierno en este tema: la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el mismo Vaticano, con quien Fernández viene manteniendo una buena sintonía, en especial después del cordial encuentro que compartió con el papa Francisco el último día de enero.

“Cuando uno ve cuál es la responsabilidad pública que tiene, debe tomar decisiones relacionadas a cuestiones de salud pública y ahí es en donde encontramos necesario avanzar en la despenalización y después en la legalización”, precisó ayer el jefe de Gabinete en sus declaraciones por radio.

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El martes, en una conferencia que brindó en el Instituto de Estudios Políticos de París, el Presidente confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley “que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en cualquier centro público”, pero no dio mayores precisiones.

En la misma jornada se conoció que la CEA convocó para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a una misa en la Basílica de Luján, en la que ratificará su posición contra el aborto, bajo el lema “Sí a las mujeres. Sí a la vida”.

Si bien la convocatoria de la Iglesia fue entendida en algunos ámbitos como una respuesta al anuncio de Fernández en París, lo cierto es que el Episcopado venía trabajando en la organización de esa celebración desde diciembre pasado, con el objetivo de “reforzar las acciones pastorales en defensa de la vida”, según explicaron fuentes de la CEA, que preside el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea.

“La convocatoria a la misa estaba en las redes sociales desde temprano y las declaraciones del Presidente fueron por la tarde. De ninguna manera, fue una respuesta”, señalaron las fuentes.

La Iglesia viene en alerta por este tema desde diciembre cuando el ministro de Salud, Gines González García -recién asumido en su cargo- actualizó el protocolo para la realización de abortos no punibles, una medida que había sido instaurada por el secretario de Salud del gobierno anterior, Adolfo Rubinstein, pero que fue vetada por Mauricio Macri.

De hecho, en el primer encuentro formal entre la cúpula de la Iglesia y Fernández, que se produjo en diciembre, ese malestar quedó expuesto y el Episcopado le expresó al mandatario su “sorpresa y desazón” por la instalación del tema apenas asumido.

A pesar de las diferencias en esta cuestión puntual, la relación entre el gobierno y la Iglesia marcha sobre rieles en temas sociales -como la lucha contra el hambre y las drogas- y en especial esta semana, después del apoyo cosechado en El Vaticano, en el marco del proceso de renegociación de la deuda que está encarando el gobierno argentino.

En medio de los cruces por el aborto, pareció un guiño de Fernández a la Iglesia el anuncio el martes de que también se está elaborando otra iniciativa, denominada el “Plan de los 1000 días”, que tiene como objetivo garantizar la alimentación de la madre desde el embarazo hasta que su hijo tenga dos años.

“Si la mujer quiere tener el hijo, la falta de recursos no será una excusa. El Estado le garantizará una adecuada alimentación”, subrayaron fuentes oficiales que conocen los planes del Presidente.

El programa se inspira en uno similar que funciona en Francia, que consiste en que el Estado garantiza a la madre su alimentación y suplementos necesarios durante el embarazo, y luego monitorea al progenitor hasta los dos años.

Ambas iniciativas -la del aborto y la de los 1000 días- serán anunciadas formalmente por el Presidente el domingo 1 de marzo, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.