Presos que reciben beneficios y los usan para cometer delitos

La Justicia penal investiga en estas horas en forma exhaustiva la denuncia presentada por una mujer platense que, según dijo, recibió amenazas a través de una red social supuestamente por parte de un hombre que actualmente se encuentra en prisión, condenado por haberla baleado en 2010 en una salidera bancaria.

La denunciante, Carolina Piparo, hoy legisladora provincial, se encontraba embarazada y perdió a su bebé a raíz del asalto perpetrado por dos delincuentes tras haber retirado dinero de una sucursal bancaria de nuestra ciudad. Como se recordará, uno de los atacantes efectuó un disparo e hirió a la víctima, que fue trasladada de inmediato al Hospital San Roque de Gonnet, donde fue sometida a una cesárea de urgencia de la que nació su hijo, aunque el pequeño moriría una semana después. Ahora, de acuerdo a la presentación formulada ante un tribunal platense, uno de esos dos condenados la amenazó e insultó a través de una red social.

Tal como se informó, habrían sido tres los envíos a través de Facebook. Tras conocerse esta situación, fuentes oficiales comunicaron que desde el Servicio Penitenciario se llevó adelante una requisa en la cárcel donde se encuentra alojado el interno y se secuestró un teléfono móvil.

Cabe señalar que días atrás se instrumentó por orden de la Justicia un protocolo de uso regulado de celulares en los penales. En ese sentido, los voceros del SPB remarcaron que la reglamentación elaborada por el organismo dio cumplimiento estricto a lo resuelto por el Poder Judicial y que el móvil hallado en la requisa, que estaba oculto debajo de un televisor, no se encontraba registrado.

Al margen de las características particulares del caso, en esta columna se aludió siempre a la necesidad de que las autoridades manejen con el mayor cuidado los distintos beneficios que se otorgan a los presos.

La crónica policial bonaerense ofrece testimonios muy frecuentes sobre los casos de personas condenadas por diversos delitos, que disfrutaban de distintos beneficios -tales como el de arresto domiciliario, estar excarcelados bajo el sistema de pulseras magnéticas u otras ventajas que se ofrecen en los lugares de detención- y que, pese a ello, quebrantan estas condiciones y vuelven a delinquir, ya sea liberados o aún detenidos en los distintos penales.

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Se sabe también que el Estado provincial cumple muy parcialmente con el deber de resocialización de los detenidos en cárceles. Los reiterados informes oficiales acerca de secuestros de armas blancas y celulares en las prisiones vienen a exhibir las falencias estructurales que caracterizan al sistema carcelario, así como el escaso trabajo que se realiza en lo concerniente a la resocialización de los presos, ya no sólo privados de toda actividad laboral o recreativa en los penales, sino sometidos a pésimas condiciones de detención.

Lo cierto es que, cuando se habla de la problemática penitenciaria, se pone el acento, generalmente, en el tema de la superpoblación que, por supuesto, es el más grave y seguramente el que engendra muchas otras ilegalidades y deficiencias. Sin embargo, la falta de opciones laborales y recreativas para los presos tendría que ser, dentro del panorama general, uno de los aspectos que debieran merecer una mayor atención por parte de las autoridades.

Los sistemas alternativos de ejecución de la condena, intrínsecamente buenos, demuestran sin embargo ser vulnerables. Resulta entonces imperativo que las autoridades intensifiquen los controles necesarios y actúen con cautela en el otorgamiento de privilegios. La clave, como se dijo, debe estar en la eficacia del monitoreo y, antes que ello, en el criterio con que se seleccionan los detenidos a los que se les conceden determinados beneficios. Lo que resulta intolerable es que muchos se aprovechen de ellos para seguir delinquiendo.