El atentado con bombas molotov contra la sede del diario Clarín perpetrado en estas jornadas exige el rápido esclarecimiento por parte de las autoridades y la sanción de los responsables, a la vez que reclama de los distintos sectores de la ciudadanía el repudio hacia ese ataque y a todas las demás expresiones que traduzcan actitudes de violencia e intolerancia, impropias del sistema democrático y republicano que nos rige.

Cuando se atacan valores relacionados a garantías esenciales de las personas, cuando se vulneran derechos humanos universales y se cometen delitos bajo excusas supuestamente ideológicas, es toda la sociedad la que es puesta en riesgo por personas que se arrogan atribuciones que nadie les otorgó.

Esta es, justamente, la característica propia de los ataques a medios de prensa y a periodistas que en las últimas semanas voceros del Gobierno han multiplicado creando un clima poco propicio para la libertad de expresión.

Tal como se informó, el lunes por la noche al menos nueve personas encapuchadas lanzaron varias bombas molotov en el acceso principal al edificio del Grupo Clarín, sobre el frente que da a la calle Piedras, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En los videos tomados por las cámaras, que muestran toda la secuencia, se puede ver a los agresores cuando arrojaron explosivos sobre la vereda y el hall de entrada, originándose un principio de incendio.

A poco de ello, el diario Clarín informó que no se habían reportado heridos ni daños materiales, en un episodio que está siendo investigado por el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez.

Pocas horas después se conocieron las expresiones de repudio del presidente Alberto Fernández, que sostuvo que la violencia siempre altera la convivencia democrática, seguidas también por otros comunicados de rechazo por parte de ministros y funcionarios del Gobierno nacional, de CABA y de otras jurisdicciones.

Resultaron asimismo inmediatas y coincidentes las condenas al atentado por parte de las entidades periodísticas del país, entre ellas ADEPA, FOPEA, SIP, ATVC, ATA, ARPA, AIR, CEMCI, SIPREBA, la Academia Nacional de Periodismo y la Fundación LED.

Lo que en síntesis señalaron es que atentados como el ocurrido configuran un grave ataque a la libertad de expresión, tal como se lo ha venido señalando en episodios similares registrados en nuestro país, como sucedió en marzo pasado con el atentado a la redacción del diario Río Negro y también, en otros hechos, a varios periodistas del país.

La Academia de Periodismo reafirmó su preocupación “ante la aparición de una inaceptable violencia física que suele estar alentada desde expresiones verbales”.

En ese sentido este diario comenzó sufriendo campañas de desprestigio, atentados con bombas molotov y agresiones verbales que culminaron con el asesinato de su director. Esas circunstancias indican la necesidad del inmediato esclarecimiento del atentado contra Clarín.

El regreso a la democracia en 1983 implicó el compromiso de todos los sectores de mantener vigentes los principios básicos de la Constitución, cuya mención no hace falta detallar. Aunque sí corresponde destacar en este caso que prohibir la libertad de expresión, procurar la uniformidad del pensamiento o atacar a quienes piensan distinto forman parte de conceptos dictatoriales que profesan algunos grupos minoritarios, cuya actividad debiera inquietar.

La experiencia reunida en nuestro país enseña que permitir este tipo de acciones delictivas y lesivas para la convivencia -o permanecer indiferentes frente a ellas y no sancionarlas- puede aparejar resultados espantosos. Como bien se sabe en este diario.