El fiscal Carlos Stornelli imputó ayer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta “privatización” de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieron convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso de sus afiliados.
El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas en las que se apuntó a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según surge del dictamen.
Tras recibir el requerimiento de instrucción presentado por la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino. El magistrado también libró un oficio a la cartera de Salud nacional para que le informe exactamente cuántas dosis de la vacuna se entregaron a la Ciudad de Buenos Aires.
Los investigadores buscan determinar cuántas dosis recibió la Ciudad, cómo se distribuyeron, con qué empresas hubo convenios y a quiénes se inoculó.
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