En medio de la flamante interna oficialista que estalló por el aumento de tarifas, la Provincia se alineó a los reclamos del kirchnerismo duro, sumó presión por el retorno del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, de paso, volvió a reverdecer cierto malestar con las últimas decisiones del Presidente, Alberto Fernández.

Primero, fue el propio gobernador, Axel Kicillof, quien ayer hizo público su apoyo a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía e integrante de La Cámpora a quien el ministro de Economía, Martín Guzmán -con el aval presidencial-, le pidió la renuncia por su presunta negativa a planificar la suba de las tarifas eléctricas.

“Es un excelente funcionario”, valoró Kicillof sobre el hombre que todavía resiste en su puesto gracias al apoyo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Y, un párrafo después, criticó la intención de Guzmán de querer achicar el déficit ajustando tarifas: “Si se habla de un aumento no puede superar al que ya se estableció, del 9 por ciento [desde este mes]. Esa discusión ya está saldada”, zanjó, para luego advertir que es muy difícil pensar en “aumentos mayores con los bolsillos flacos y con pandemia”.

Junto con Basualdo y el kirchnerismo -que resiste el doble incremento que pretende el Gobierno en el año electoral-, Kicillof cree que basta con una suba tarifaria inferior a los dos dígitos y le preocupa sobremanera el impacto que un ajuste mayor pueda tener en el Conurbano, donde, reconoció “la pandemia y la crisis pegó muy fuerte”.

Ese sector social, corazón del voto oficialista, se ha visto privado además del IFE (el ingreso nacional de emergencia que rigió durante un buen trecho de la cuarentena del año pasado), una medida por la que ayer reclamó en voz alta el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque.

“Es indispensable que continúe el IFE y creemos que debemos reconvertir esas instancias en políticas para que no reciban ningún tipo de cuestionamientos”, exigió por radio el ministro de Kicillof y miembro de La Cámpora. “Toda persona que acredite necesidad requiere presencia del Estado. Tenemos que establecer un piso de dignidad y terminar, por lo menos, con la indigencia”, completó.

El pedido ya había sobrevolado la semana pasada, mientras se debatían las nuevas restricciones para enfrentar la segunda ola de la pandemia. Pues, tal como publicó este diario, en el gabinete provincial pretendían medidas más duras a las que finalmente dispuso el Presidente. Y que ese eventual cierre total de actividades fuera compensado con el IFE.

Pero ese reclamo, junto con el que propone frenar los aumentos tarifarios, choca con la hoja de ruta trazada por el ministro de Economía.

Respaldado por el Presidente, pero con la reprobación de la vicepresidenta y La Cámpora, Guzmán eliminó del Presupuesto 2021 la ayuda extra de 10.000 pesos para 9 millones de personas, en un intento por lograr el equilibrio económico y contener la inflación, tal como lo exige el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esa proyección se inscribe también el doble aumento de tarifas que el Gobierno anticipó para este año, algo a lo que se habría opuesto el subsecretario de Energía que Guzmán -con el apoyo del jefe de Estado- buscó echar y que todavía resiste por decisión de la expresidenta.

En plena negociación con el FMI, el titular de Hacienda quiere achicar el déficit descongelando las tarifas y podando los subsidios entre los usuarios para, de ese modo, disminuir la emisión monetaria es combustible de la inflación.

“Hay que gestionar esto o explota”, repetían ayer en Economía e insistían en defender la quita de subsidios y el IFE para bajar el déficit y mantener a raya el exponencial alza de los precios.

En la Provincia y el kirchnerismo sostienen que el precio a pagar por el equilibrio fiscal es muy alto. Y que el cóctel de subir las tarifas sin, por ejemplo, reponer el IFE, es como un masazo sobre los postergados sectores del Conurbano.

Una preocupación que también quedó plasmada el último viernes cuando, al adherir a las restricciones establecidas por el Presidente, el Gobernador sumó una docena de medidas sociales y económicas destinadas a contener a las capas más bajas de la sociedad. Entre ellas, la ampliación del servicio alimentario escolar a 2 millones de niños y adolescentes; el incremento en un 35 por ciento del haber mínimo para jubilados y pensionados y el incremento en un 50 por ciento del presupuesto para la compra directa de alimentos.