El exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi entregó ayer un escrito y se negó a responder preguntas al presentarse a declaración indagatoria ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en la causa que investiga la llamada “mesa judicial” bonaerense.
Grassi es el segundo exfuncionario del Gobierno de María Eugenia Vidal indagado en la causa y al igual que los restantes imputados, estuvo presente en la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la cual se habló de impulsar causas judiciales contra gremialistas de la Uocra, según informaron fuentes judiciales
El exfuncionario se presentó en el juzgado pero al igual que hizo ayer el exministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, entregó un escrito y se negó a responder preguntas.
No obstante, se indicó, en el escrito presentado ayer Grassi reconoció haber visitado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para hablar de ese tema.
“Mis ingresos a la AFI fueron por cuestiones estrictamente laborales, se encontraban dentro de mis funciones intermediar entre los distintos actores de los procedimientos judiciales y debía interceder por las víctimas del accionar del sr. Medina”, sostuvo.
Grassi fue uno de los asistentes a la reunión que se hizo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, de la que participaron otros miembros del gabinete de Vidal; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador provincial Juan Pablo Allan, empresarios platenses de la construcción y exintegrantes jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El exfuncionario entregó un escrito de 49 páginas en el que, como primera medida, cuestionó la competencia del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak para intervenir en este expediente: sostuvo que si se investiga un supuesto plan del que pudo participar el Gobierno nacional (entonces a cargo de Mauricio Macri) la causa debería tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.
También pidió que se anule como prueba la grabación que dio origen a la investigación.
A la hora de refutar las pruebas en su contra -siempre por escrito-, el exsubsecretario de Justicia de Vidal señaló que tenía entre sus funciones la de ejercer de nexo con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y que intervino en temas relacionados al “Pata” Median siempre en su afán de velar por los derechos de los empresarios que decían ser víctimas de amenazas por parte del gremialista.
“En mayo de 2017 fui contactado por un grupo de empresarios del rubro de la Construcción de la Ciudad de La Plata para poner en mi conocimiento situaciones conflictivas que padecían por el accionar ilegítimo del señor Juan Pablo Medina, de la seccional de La Plata de la Uocra”, sostuvo. “Mi consejo siempre fue el mismo: que se presenten ante la justicia a denunciar los hechos por los que resultaban damnificados para, de esa forma, abordar los mismos con las herramientas que el derecho brinda y encontrar una solución definitiva”, sostuvo Grassi que les dijo a los empresarios a los que, según surge del escrito, también les habló de la posibilidad de declarar como testigos de identidad reservada. Al referirse a la reunión que se llevó a cabo en el Bapro, Grassi dijo que allí “no se cometió ningún delito ni se pergeñó un supuesto plan criminal ni nada que se le parezca”, a la vez que afirmó que no estaba al tanto de que estaba siendo grabado.
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