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Política y Economía |POR UN FALLO DE LA CORTE DE ENTRE RÍOS

La fiscal que investigó a Urribarri, quedó a un paso de ser destituida

19 de Mayo de 2022 | 01:39
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Un fallo judicial dejó al borde de la destitución a Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos cuya investigación terminó con la condena a 8 años de prisión del ex gobernador kirchnerista Sergio Urribarri. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia rechazó un amparo de la fiscal y el jury de enjuiciamiento podría avanzar en su contra en los próximos días.

Goyeneche fue suspendida en diciembre mientras lideraba un juicio contra Urribarri por hechos de corrupción cometidos en la provincia durante su gestión entre 2007 y 2015. El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados desplazó al Ministerio Público Fiscal de la investigación, y el proceso en contra de la fiscal entrerriana se llevó adelante con un fiscal ad hoc.

Goyeneche presentó un amparo en contra de eso y obtuvo un fallo en primera instancia a su favor.

Pero el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desestimó el fallo por cuestiones formales y técnicas. La semana pasada, la Corte Suprema de la Nación ordenó dar marcha atrás con esta última resolución y analizar el amparo en profundidad.

Ayer, el máximo tribunal entrerriano, por voto mayoritario, decidió rechazar el amparo de Goyeneche, con lo cual el jury en contra de la fiscal puede seguir su curso sin inconvenientes.

Si el jury de esa provincia finalmente decide echarla, Goyeneche podrá volver a la Corte nacional con su reclamo fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Goyeneche fue respaldada, mientras, por la Asocación Argentina de Fiscal y la Red de Entidades por la Justicia Independiente (REJIA), además de numerosos diputados nacionales y referentes judiciales.

La fiscal está cuestionada por su labor en la causa, en la que se reveló un desvío de 52,5 millones de dólares de fondos públicos cuando estaba al frente del Ejecutivo entrerriano el exembajador argentino en Israel.

La ONU, a través el Relator para la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayan, expresó su preocupación al Gobierno nacional.

 

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