Adicciones: fuerte testimonio de la madre de Chano

La madre del músico Santiago “Chano” Charpentier formuló ayer un dramático llamado público para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, en medio de la situación de salud que atraviesa su hijo, quien fue internado nuevamente por su adicción a sustancias psicoactivas, durante una jornada de reflexión en el Senado nacional, al cumplirse 11 años de la sanción de esa norma, la cual establece que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental.

Marina Charpentier consideró ante los legisladores, especialistas y familiares de personas que padecen adicciones y consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, que debe ser reformulado el artículo 20 de la ley de Salud Mental, el cual sostiene que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios”, y el artículo agrega además que “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

El músico debió ser internado nuevamente en las últimos días en el sanatorio Otamendi, de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de su padecimiento. “Yo no sé qué van a hacer con esta ley, pero el artículo 20 hay que cambiarlo, porque una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia, y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”, expresó la mujer desde el salón Auditorio del edificio anexo del Senado.

Charpentier agregó que “el supuesto equipo interdisciplinario (mencionado en la ley) lo tiene (el cantante) porque lo paga, pero me pregunto qué sucede con el resto de las madres de adictos que no tienen esa posibilidad”. Y agregó: “Está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen nada. Imagínense si a mí me hacen esto, que saben que puedo estar en los medios diciendo esto, qué les espera a las otras madres”.

La mujer se quejó de que la Policía requiera de una orden de allanamiento de un juez para intervenir en casos de brotes psicóticos como el de Chano, el músico líder de Tan Biónica y solista, quien protagonizó varios episodios derivados de su adicción a los estupefacientes en los últimos años. “Qué orden de allanamiento debo tener para salvarle la vida a mi hijo. Mi hijo consume solamente marihuana, el THS altera el funcionamiento del cerebro, hay ruido neuronal, genera alucinaciones, pánico”, dijo tras enumerar los factores por los que la marihuana es nociva.

Escaparse desnudo

La mujer relató que el lunes pasado su propio hijo le dijo que no podía más, y así logró llevarlo al Sanatorio Otamendi, pero contó que al día siguiente ya se sentía mejor y quiso escapar, desnudo, de la habitación, y que para eso llamó al 911 y esta vez la policía asistió al lugar.

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Según contó la mujer, solo tras tomarle testimonio al psiquiatra del paciente se logró volver a medicarlo.

También cuestionó la actitud de las agentes que recibieron llamados de pedidos de asistencia en episodios anteriores, y exhibió un tuit en el que una empleada de la policía hizo público el reclamo de ayuda porque se trataba de una persona pública.

UNA LEY EN DEBATE

La jornada de debate de la que participaron especialistas y legisladores, fue organizada por el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Mario Fiad, y la diputada Marcela Campagnoli.

La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 dedica todo su capítulo VII a la estipulación de las internaciones, tanto voluntarias como involuntarias. En el caso de esta última, la norma estipula que sólo se puede hacer cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto o cercano para quien atraviesa un padecimiento de salud mental o para terceros. También es necesario que en esa situación no haya otra posibilidad más eficaz para el tratamiento de la persona. A su vez, indica que la internación debe notificarse en un plazo de diez horas al juez y al Órgano de Revisión de Salud Mental.

Quien es internado en contra de su voluntad tiene derecho a estar asistido por un abogado, privado o provisto por el Estado, y el juez actuante debe pedir informes de salud cada treinta días como máximo.

Por otra parte, la limitación de las visitas debe ser excepcional y debidamente fundada.