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Salieron a reflotar el proyecto de Consenso Fiscal, que “dormía” en el Congreso. Los recursos que recibe la Provincia
Son días frenéticos para la política y la economía argentina. Los gobernadores del PJ, que días atrás llevaron a la Casa Rosada las urgencias de sus provincias, lo saben. En plena corrida del dólar, el presidente Alberto Fernández escuchaba de la propia voz de los mandatarios la preocupación por la situación económica, la exigencia de una mayor erogación de fondos y el pedido por “cambios urgentes” en la gestión. Eran reclamos con tono de ultimátum, mientras en simultáneo se cocinaba la salida de Silvina Batakis de Economía y el desembarco en su lugar de Sergio Massa, de hecho impulsado por varios caciques peronistas que integran la denominada “liga de gobernadores”.
Poco tiempo pasó entre aquellas demandas y el viraje de la gestión que terminó aceptando Fernández. Con el aval de Cristina Kirchner, Massa era confirmado en el gabinete y, apenas una semana después de la reunión del Presidente con los gobernadores, finalmente asumía en lugar de Batakis.
Pero sin fondos la luna de miel entre el tigrense y los jefes provinciales (muchos de ellos con posibilidades de reelegir el año próximo) podría menguar.
No sería esa situación para la provincia de Buebnos Aires, el bastión electoral de Cristina y Máximo Kirchner. Ayer trascendió que la administración de Axel Kicillof habría recibido de Nación en los primeros 7 meses del año más de 150.000 millones de pesos.
Una señal llegó al Congreso el mismo día de la asunción de Massa como ministro Economía, el miércoles pasado, cuando en el Senado (se dice que a pedido de Cristina) el oficialismo desempolvó el proyecto de Consenso Fiscal que el Presidente firmó en diciembre con 21 gobernadores. Lo que subyace es la necesidad de “blindar” a las provincias ante el eventual ajuste fiscal que podría aplicar el expresidente de la Cámara de Diputados.
Más de medio año después, la iniciativa obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con acuerdo de todas las bancadas y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto de la Cámara alta en la próxima sesión. Una vez aprobada, deberá pasar por Diputados, donde el extitular de ese cuerpo ahora devenido en ministro necesitará a su vez el acompañamiento de las leyes que pretenda impulsar.
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Entre las eventuales medidas que sospechan los gobernadores está el recorte del gasto social y una menor transferencia de la Nación a las provincias. Ante ese posible escenario, el Consenso Fiscal acordado les da a los mandatarios la facultad de aumentar impuestos locales, Ingresos Brutos y a los Sellos. De esa manera, creen, podrían compensar el ahogo financiero que, sobre todo el año próximo, podría recaer sobre sus jurisdicciones.
De ahí que muchos gobernadores desconfíen de Massa. Aún aquellos peronistas que impulsaron su llegada al gabinete como “la última bala” del Frente de Todos para relanzar la gestión.
Los mandatarios miran con temor que el ajuste que pueda encarar el “superministro” los afecte también a ellos. En la cuenta regresiva hacia el año electoral, un recorte de fondos para las provincias podría ser letal en sus planes de reelegir en 2023.
Todo ocurre además en un escenario de creciente conflictividad social en las provincias, con la inflación ganándole la pulseada a los salarios y obligando a los gobernadores a reabrir paritarias en la mayoría de los distritos. Aún sin mayores recursos garantizados por parte de la Nación.
En Mendoza, por ejemplo, la semana que pasó los gremios de estatales y docentes concretaron dos días de medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. Eso llevó al gobernador local, el radical Rodolfo Suárez, a aceptar la renegociación salarial, sin omitir responsabilizar al Ejecutivo nacional por la suba de precios y el recorte de fondos.
La preocupación, en mayor o menor grado, invade tanto a los distritos opositores como oficialistas.
La inquietud, se dijo, estuvo muy presente en el encuentro que el Presidente y los gobernadores mantuvieron horas antes de que se conociera la designación de Massa. Allí, además de pedir por más fondos, repitieron su intención de desdoblar las fechas de los comicios en sus territorios para despegarse de la imagen negativa de la gestión nacional, a la que vienen criticando con frecuencia.
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