Litio en Argentina: ¿atropello a la Pachamama o insumo clave de la transición ecológica?

Columnista de EFE

Violentas protestas en la provincia norteña de Jujuy alumbraron el debate sobre la sustentabilidad de la explotación de litio, mineral que tiene interés geopolítico para la transición energética y para el desarrollo de la economía argentina, que se cruza con las demandas del cuidado del medioambiente y el respeto a las comunidades indígenas.

“El litio no mata la Pacha”, repite el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, porque entiende que, al revés, sirve para salvar el planeta. Pero comunidades indígenas de las Salinas Grandes y la Laguna de Gayatayoc (en el extremo noroeste de la provincia) resisten el avance de las empresas que extraen el litio por la necesidad de cuidar la poca agua dulce de la zona.

En Argentina, las provincias tienen dominio sobre la explotación de los minerales en su territorio y son Jujuy, Salta y Catamarca las que cuentan con salmueras ricas en litio. Integra, junto con Bolivia y Chile, el 'triángulo del litio', que concentra el 56 % de los recursos mundiales de litio y alcanza un 30,7 % de la producción mundial de este mineral a 2021.

Con tres proyectos en marcha, Argentina es el cuarto productor mundial de litio, detrás de Australia, Chile y China.

El proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, es operado por FMC-Minera del Altiplano, controlada por la estadounidense Livent. En Jujuy están el Salar de Olaroz, operado por Orocobre, controlada por la australiana Allkem, en asociación con la automotriz japonesa Toyota Tsusho y la provincial Jemse; y el proyecto Caucharí-Olaroz, de la minera Exar, de la china Ganfeng Lithium, en asociación con la estadounidense Lithium Americas y Jemse.

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Jujuy dice que consulta a las comunidades indígenas sobre los proyectos, en tanto modificó con apuro su Constitución provincial para garantizar protestas pacíficas, pero debió dejar igual el artículo de “protección a los aborígenes”, por las protestas del mes pasado.

CONSULTA POR EL AGUA

El conflicto se agrava porque las comunidades de las Salinas Grandes y la Laguna de Gayatayoc reclaman hace 13 años una consulta para aceptar explotar el litio y denuncian que Jujuy nunca cumplió con ese derecho, y avanza en proyectos.

Las comunidades “se informaron solas y decidieron que no quieren el litio porque tienen actividades propias que dependen del agua escasa de la Puna, ya que explotan la sal, el turismo, la ganadería”, y “el litio toma agua y compite”, explica la directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Pía Marchegiani. “En un ecosistema tan frágil y tan seco, las comunidades se pusieron de acuerdo en que todas debían ser consultadas porque todas van a ser afectadas por el uso del agua”, detalla.

Por este motivo, hay sospechas de aquellos pobladores que habrían dado su aprobación al proyecto Agonic, de la empresa Lithos, perteneciente al poderoso Pan American Energy Group, también en Jujuy. Según explica, “la cuenca tiene un sistema hídrico complejo”, que “es como una pileta gigante de agua salada donde están los minerales y más afuera están las partes de agua dulce, que son importantes para un lugar tan seco, y no hay nada que las separe. Cuando se bombea salmuera, el agua dulce se desplaza al centro del salar y se saliniza”.

La FARN pidió a la Corte Suprema que pare los permisos a las mineras y que se gestione integralmente la cuenca como un recurso hídrico, no con una visión minera, y el Supremo solicitó información a Salta y Jujuy para decidir sobre la cuestión de fondo, aún pendiente.

El litio es clave como insumo para las baterías que dan energía a la electromovilidad, y las principales potencias buscan garantizarse el recurso.

Según la consultora Abeceb, el potencial exportador de Argentina en 2023 es de 1.000 millones de dólares y asciende a 5.000 millones de dólares después de 2030.

Argentina exporta valor agregado del litio, porque vende los “productos intermedios” de otras industrias, comenta a EFE la analista sectorial de Abeceb Natacha Izquierdo.

En un país con fuertes desequilibrios macroeconómicos, es una ventaja que la inversión en proyectos mineros llegue del exterior. “A pesar de la macroeconomía y la coyuntura, es un sector dinámico”, afirma Izquierdo.

Las mineras reclaman estabilidad fiscal y poder girar utilidades a los accionistas.

El sector minero tiene una ley propia de control ambiental en Argentina, además de los controles provinciales: “La realidad es que hoy hay mitigación” y “las empresas están muy presionadas por las exigencias locales y sus casas matrices”, dice Izquierdo, al señalar que “hoy es una minería más tecnológica, productiva, cuidadosa del medio ambiente”.

Pero genera “tensión e incertidumbre”, agrega, que las comunidades organicen protestas y corten las rutas en la zona.