De las sanciones al despliegue militar

Columnista de AFP

Han pasado casi 20 años desde las primeras sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos, en 2006, hasta los recientes ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe.

Dos décadas en las que las tensiones han ido en aumento y que alcanzaron su cénit con el anuncio de Estados Unidos de la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Las relaciones entre Washington y Caracas son pésimas desde la llegada al poder en 1999 de Hugo Chávez, figura de la izquierda radical en América Latina.

En 2006, Estados Unidos, presidido por el republicano George W. Bush, prohibió la venta de armas y material militar de fabricación estadounidense a Venezuela por su falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Cuatro años después, en 2010, ambos gobiernos retiraron a sus embajadores.

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 y las elecciones presidenciales en las que salió ganador su delfín, Nicolás Maduro, la administración del demócrata Barack Obama impuso, a finales de 2014 y principios de 2015, sanciones contra varios altos cargos venezolanos, con congelación de activos en Estados Unidos y prohibición de visados.

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Washington los acusaba de violación de los derechos humanos por su implicación en la violenta represión de las manifestaciones contra la elección de Maduro.

A partir de 2017, durante el primer mandato del republicano Donald Trump, Washington impuso sanciones financieras a varios altos cargos venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo, por menoscabar la autoridad del Parlamento, controlado por la oposición desde finales de 2015.

Trump habló de una “posible opción militar” en Venezuela, una amenaza que blandió durante su primer mandato.

Tras la reelección de Maduro en 2018, “ilegítima” para Washington e irregular para la comunidad internacional, Trump endureció en 2019 las sanciones económicas con el objetivo de asfixiar la economía del país y forzar así la salida del presidente.

Caracas rompió relaciones diplomáticas cuando Estados Unidos, seguido por unos sesenta países, reconoció a Juan Guaidó como “presidente interino”. En 2023, el opositor disolvió su gobierno autoproclamado. Ese mismo año, Estados Unidos sancionó a la petrolera PDVSA y al banco central.

Embargo petrolero

El 28 de abril de 2019, Trump apretó más las tuercas a Maduro: entró en vigor un embargo estadounidense sobre el petróleo venezolano, y, a continuación, congeló los activos del gobierno de Caracas en Estados Unidos.

El embargo petrolero se suavizó temporalmente en 2023, bajo el gobierno del demócrata Joe Biden, como parte de una negociación para celebrar elecciones en Venezuela. El alivio sirvió también para compensar la caída de la importación de crudo a Estados Unidos debido a la invasión rusa de Ucrania.

Washington restableció las sanciones petroleras luego de las presidenciales de julio de 2024, porque consideró que Maduro incumplió su compromiso de permitir elecciones justas.

Trump acabó con las licencias concedidas a algunas petroleras internacionales para operar en Venezuela al comienzo de su segundo mandato, en 2025.

Solo la estadounidense Chevron volvió a recibir en julio autorización para operar, pero sin que se le permita entregar dinero a Venezuela.

50 millones de dólares por la detención de Maduro

Maduro, al igual que algunos de sus aliados de la región, fue acusado en Estados Unidos de “narcoterrorismo”, por lo que Washington ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que permitiera detenerlo.

Biden elevó esa suma a 25 millones luego de la investidura de Maduro para un tercer mandato. Y en agosto de 2025, Trump duplicó el monto de esta recompensa, a 50 millones de dólares.

Washington acusa a Maduro de dirigir el cartel de los Soles, incluido en su lista de organizaciones terroristas, aunque no se ha demostrado la existencia de tal banda.

Estados Unidos desplegó en agosto una flota de buques de guerra sin precedentes en el Caribe. Desde principios de septiembre, este contingente lleva a cabo ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas. Washington acusa a Caracas de estar detrás del tráfico de drogas con destino a Estado Unidos.

La Casa Blanca anunció el 10 de diciembre que había capturado un petrolero frente a las costas de Venezuela. Caracas, que considera que el despliegue militar estadounidense tiene como objetivo derrocar a Maduro y quedarse con los vastos yacimientos de petróleo del país, tachó la incautación del buque como un “acto de piratería internacional”.