Citaron a Alberto Fernández a declaración indagatoria

El ex presidente Alberto Fernández fue citado a declaración indagatoria en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros para empresas públicas durante el gobierno del Frente de Todos, por decisión del juez federal Julián Ercolini, quien convocó además a otros 38 acusados.

Fernández tendrá que presentarse el próximo miércoles 20 de noviembre a las 10 en los tribunales federales de Retiro, por primera vez en calidad de indagado desde que dejó la Presidencia.

A todos se les imputa ‘haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en “Nación Seguros S.A.’”, según la resolución.

Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ‘Nación Seguros S.A.’”, detalla la imputación.

“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ‘Nación Seguros SA’ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”, dice la resolución. Y añadió el texto que “según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de ‘Nación Seguros’”.

Toda esta operación “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y másters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.

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Entre los 39 imputados están Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello.

“UN LUGAR DE PRIVILEGIO”

El primero de ellos es esposo de la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, “quien poseía un lugar de privilegio” porque era “la secretaria histórica” del ex presidente, “luego devenida en secretaria presidencial y sin que existieran procesos de selección alguno”, puntualizó el juez.

“Corresponde señalar que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez.

LA IMPUTACIÓN EN LA CAUSA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, el juez Ercolini confirmó al fiscal Ramiro González en la investigación por la denuncia por violencia de género que presentó la exprimera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández, al rechazar un planteo de la defensa para apartarlo del caso.

La abogada del expresidente, Silvina Carreira, había pedido apartar al fiscal por considerar que “se habían verificado acciones y decisiones procesales que evidenciaban la pérdida y ausencia de objetividad del acusador público en este proceso”.

Pero Ercolini afirmó que “su descontento con lo producido, valorado y resuelto en esta investigación no habilita per se el desplazamiento del fiscal instructor que en ella interviene, sino que, tal como se sostuvo, existen otras herramientas procesales idóneas para lograr su examen”, afirmó Ercolini en la resolución. El juez consideró que “las argumentaciones esgrimidas por la parte peticionante no resultan más que un desacuerdo con las medidas investigativas llevadas a cabo por el representante del Ministerio Público Fiscal”.