Detienen por corrupción al exgobernador K de Entre Ríos, Sergio Urribarri

Desde ayer, el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri deberá cumplir condena efectiva. La decisión se dio luego del fallo de la Cámara de Casación de Entre Ríos que dispuso la prisión preventiva inmediata en la causa por corrupción en que había sido condenado en el 2022. La detención se habría producido en Concordia y el también exembajador en Israel en el gobierno de Alberto Fernández se habría descompensado.

La Justicia entrerriana ordenó temprano la “inmediata captura” y posterior traslado a la Unidad Penal 1 del ex gobernador vinculado al kirchnerismo, ante el riesgo de “frustrar los fines del proceso”, al anular un fallo anterior que le había permitido seguir en libertad hasta que quede firme la condena en su contra.

“Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria”, sostuvo la decisión de ese tribunal entrerriano integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, anunciaron ayer fuentes judiciales.

De esta manera, se revocó una resolución perteneciente al mes de septiembre de 2024 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, que había rechazado un planteo fiscal para ordenar la prisión preventiva y se dispuso que los dos condenados en el caso, Urribarri y Juan Aguilera la cumplan hasta que la Corte Suprema analice sus condenas.

Los condenados “vienen realizando acciones concretas y comprobables para no someterse al procedimiento -que aún no ha finalizado- e impedir el cumplimiento de la pena”, advirtieron en una resolución de 74 carillas.

Los camaristas hicieron lugar a una apelación fiscal y mencionaron “tratados internacionales” que comprometen a la Argentina en la lucha contra la corrupción y le impone el “deber de investigar, juzgar y castigar” estos delitos con “una mayor intensidad”.

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“El análisis de la necesidad de la prisión preventiva debe conciliarse con la gravedad del hecho que se investiga, y con la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de prevenir, investigar, sancionar y reparar los delitos de corrupción”, consignó la resolución.

En el caso puntual, la pena efectiva no es una expectativa, porque ya fue impuesta y confirmada: Aguilera recibió una pena de seis años y seis meses de prisión y Urribarri de ocho”.

El ex gobernador sólo estuvo presente en su declaración de imputado y luego participó de las audiencias de manera remota, sin que se haya podido comprobar fehacientemente dónde se encontraba.

Además, “se ha podido comprobar” que la audiencia de prisión preventiva, no se pudo concretar por las innumerables maniobras dilatorias de la defensa durante más de cuatro meses. Dichas maniobras, se llevaron a cabo durante toda la tramitación del proceso. Tal como puede comprobarse con la demora que hubo para poder llegar a realizarse las audiencias de juicio y de casación, cuya fijación se dificultó por la presentación de recusaciones por causales inexistentes y recursos que no están previstos en el CPPER. “También forma parte del comportamiento posterior de Urribarri la persistente negación de la condena, al punto de realizar denuncias insólitas en extrañas jurisdicciones tachando de “mesa judicial” a los magistrados que intervinieron en las causas”, advirtió el fallo.

La megacausa por la que fue condenado en 2022 condensaba cinco de las denuncias por diversos hechos de corrupción durante los dos mandatos que tuvo Urribarri como gobernador: desde 2007 hasta 2015. Y que recién desde ayer está preso.

“Hay motivos suficientes para disponer la prisión preventiva en una unidad carcelaria”