El caso Kueider, con fuerte impacto político en el Senado

La detención del senador Edgardo Kueider cuando intentaba cruzar al Paraguay con 200 mil dólares alteró la agenda política de ayer e impactó en la estructura que habría ideado el asesor presidencial Santiago Caputo para saltear a la influencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, hoy enemistada con el gobierno.

Si bien entró al Senado en la boleta del peronismo entrerriano, Kueider había dado uno de los votos clave, decisivos, que le dieron el triunfo a la Casa Rosada con la Ley Bases y el paquete fiscal. Ambas iniciativas fundacionales de esta gestión salieron con un marcador muy justo, casi al filo de la derrota, que se habría alcanzado por promesas del oficialismo sobre cargos discrecionales en algunas empresas estatales.

Kueider, cuyo mandato termina el año que viene, sería uno de esos beneficiados, un peronista “no K” -así se define-, que en el recinto pegó buen onda con el correntino Carlos “Camau” Espínola. Hoy serían algo así como aliados de La Libertad Avanza, sin integrar la bancada oficialista.

El senador tenía intenciones de presidir la comisión de Inteligencia, con apoyo de la Rosada

Versiones de altas fuentes vinculadas a lo que fue aquella negociación por la Ley Bases aseguran que la moneda de cambio del voto de Kueider fue la promesa de asientos en el directorio de la represa Salto Grande. En su momento, la reacción de sus colegas peronistas fue estruendosa: capitaneados por los kirchneristas deslizaron la posibilidad de echarlo del PJ por haber estampado su voto favorable a proyectos promovidos por La Libertad Avanza (LLA).

Después de la Ley Bases hubo otro episodio que mostró el alineamiento del senador entrerriano con Balcarce 50: su interés por presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia, que era claramente promovido por la Casa Rosada y más puntualmente por el joven Caputo, quien controla la Agencia de Inteligencia a través de su amigo Sergio Neiffert.

Eso le salió mal al Gobierno porque al final la AFI terminó en manos del enemigo principal de LLA en la Cámara de Senadores: el presidente de la UCR, Martín Lousteau. Quien logró la manija de la Bicameral de Inteligencia gracias a una jugada del bloque kirchnerista, que aportó sus votos y sumó otras adhesiones para respaldarlo.

Se recuerda: esa movida tuvo lugar en medio de la polémica por el decreto que dictó Milei para otorgar millonarios fondos a la SIDE. Ese DNU fue el único que, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, pudieron dar de baja. Y eso fue gracias al apoyo del bloque del PRO, acaso el aliado parlamentario principal del Gobierno, y tras una orden directa de Mauricio Macri.

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Tras el fallido intento de Caputo por poner a Kueider en la Bicameral de Inteligencia, se reflotó el interés por conformar un nuevo espacio que aglutine a senadores peronistas disidentes de los K y a otros que, si bien tienen su propio espacio, juegan en solitario al compás de los intereses de sus gobernadores.

Ese espacio en cuestión concretó su formación a finales de septiembre pasado. Se llama Las Provincias Unidas. Además de Kueider y Espínola, que lo preside, lo integran el sub-bloque Cambio Federal, del salteño Juan Carlos Romero; Despierta Chubut, con Edith Terenzi; Lucila Crexell y su mono bloque neuquino; y la cordobesa Alejandra Vigo.

Ayer la cuestión Kueider fue “el” tema en el Senado, donde el kirchnerismo pidió la expulsión del legislador por “inhabilidad moral”. Sí, leyó bien: el kirchnerismo, un espacio que tiene dirigentes que han revoleado bolsos con dólares, que han sido expulsados del Congreso por apremios judiciales, que vio cómo algunos referentes iban a prisión por corrupción o que tiene a la lideresa con doble condena a prisión. Notable la cata de moralidad.

A través de un comunicado, el bloque de preside José Mayans advirtió que el accionar de Kueider “constituye un hecho de extrema gravedad que no solo daña la imagen de este cuerpo legislativo, sino también la de la Argentina a nivel internacional”. Es un proyecto de resolución presentado con la firma del formoseño y de las cristinistas Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.

Previamente, Oscar Parrilli -acaso el más cercano a Cristina Kirchner- explicó que el pedido destitución del entrerriano es “para que se lo investigue sin fueros, como a cualquier otro ciudadano”.

Las últimas versiones antes del escándalo de ayer ubicaban a Kueider como uno de los candidatos principales a ocupar la embajada Argentina en Uruguay. Probablemente esa aspiración ahora quede trunca. Para el oficialismo, cuyos trolles ayer hacían un esfuerzo enorme para despegarse del asunto, su nombre es igual a una mancha venenosa.