Una exención impositiva podría reducir las subas en los colegios privados

En cada ramo de la actividad laboral de Argentina existen las contribuciones patronales que gravan los contratos de empleo. Dichos impuestos nacionales sirven para aportar a la jubilación de los trabajadores, al PAMI y las obras sociales, y a los fondos por despidos. En los colegios, los empleadores titulares de establecimientos de enseñanza privada no abonan el importe gracias al decreto 814/01.

Todos los años se prorroga citada norma, por doce meses, con tal de eximir de pagar las contribuciones patronales a las instituciones educativas de este sector. Sin embargo, la renovación del decreto este año llegó con retraso y alertó a las organizaciones involucradas ya que influiría en las erogaciones de los colegios, por lo cual aumentaban los costos y eso se trasladaría a las cuotas.

Luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tras el aval del Gobierno nacional, prorrogara el decreto el sábado pasado, se “evitó una discusión y una revisión de la cuota”, aseguró, a La Nación, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) y de la Junta Nacional de Educación Privada (Junep).

“Los costos laborales representan entre un 80% y 90% de los gastos totales de las instituciones educativas privadas”, aseguró el secretario ejecutivo de Aiepba. “La exención, por su parte, representa aproximadamente un 8,5% de las contribuciones jubilatorias de los trabajadores; de ahí su importancia”.

El Gobierno accedió al pedido que gestionaron de manera conjunta Aiepba y Junep. De hecho, hasta antes de esta solicitud, AFIP no habilitaba la gestión sobre la reducción de contribuciones patronales que se prorroga desde 2001 hasta tanto la norma no estuviese aprobada. “Afortunadamente, los colegios pueden cargar los pagos de las contribuciones y gestionar el descuento que el decreto establece”, dijo Zurita.

“Como en la Provincia de Buenos Aires los docentes tienen una caja propia, este beneficio aplica solo a los administrativos, personal de maestranza y extra programático de las escuelas privadas”, manifestó Zurita. En el caso de las trece provincias que tienen sus cajas nacionalizadas, el beneficio se extiende también al personal docente.

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Como ya publicó EL DIA, desde la Secretaría de Comercio se había dado a conocer la decisión de derogar la resolución que obligaba a las escuelas privadas a realizar un trámite administrativo ante ese organismo cada mes que aumentaban la cuota. Esta decisión se enmarcó en la Resolución 51/2024, que constó en la derogación de 69 normas.